El panorama electoral en Colombia no solo se mide hoy en encuestas o debates programáticos; *trágicamente, se está midiendo en el calibre de las amenazas y en el descaro de quienes, tras las rejas, parecen burlarse de un país entero*. Lo que ocurre en las cárceles del país y las recientes intimidaciones contra figuras de la oposición no son hechos aislados, sino síntomas de un sistema que parece estar perdiendo el control frente a la criminalidad.
*El espejo del desgobierno carcelario*
Las recientes imágenes de *festines y excesos en centros penitenciarios* bajo la vigilancia del INPEC son un insulto a la ciudadanía. Mientras el colombiano de a pie madruga a trabajar honestamente, enfrentando una economía asfixiante y una seguridad ciudadana precaria, en las cárceles se celebra la impunidad.
No es solo una fiesta; *es el recordatorio de que los grupos armados y las organizaciones criminales mantienen estructuras de poder que no se rompen con muros ni barrotes. Esta realidad confirma la sospecha de muchos*: desde el encierro se sigue operando, se sigue financiando y, lo más grave, se sigue influyendo en el destino político de la nación.
*La violencia como estrategia electoral*
El nivel de hostilidad ha escalado a un punto crítico con las amenazas de muerte dirigidas a *Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella*. Que las redes sociales se conviertan en el altavoz de sentencias de muerte es una alerta roja que no puede pasar desapercibida para la justicia ni para la comunidad internacional.
Estas amenazas no solo buscan silenciar voces individuales; *buscan amedrentar a un electorado que se siente secuestrado por la violencia*. Cuando la integridad física de quienes representan una postura política clara está en riesgo, la libertad de elegir se ve directamente vulnerada.
*Una decisión de fondo*
Colombia se encuentra en una encrucijada ética y electoral. Por un lado, está la opción de aquellos que, *con firmeza, denuncian el deterioro del orden público y exigen el regreso de la autoridad*. Por otro, está el silencio cómplice de quienes prefieren ignorar el flagelo del secuestro y la expansión de los grupos armados, bajo una retórica que no coincide con la realidad de los territorios.
Votar hoy ya no es solo una cuestión de afinidad partidista; se ha convertido en un acto de resistencia civil. *Elegir entre quienes confrontan estas realidades o quienes se hacen los ciegos ante el asedio criminal determinará si Colombia logra recuperar su institucionalidad o si termina claudicando ante el chantaje de las armas*.
*El país no puede seguir permitiendo que la política se escriba con sangre y se celebre con la impunidad de los pabellones*.
