“Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico”. Con estas palabras, durante la alocución radiotelevisada en la que anunció el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con las FARC, el Presidente Juan Manuel Santos agradeció a todos los colombianos por tener “tanto aguante y tanta paciencia frente a las muchas, muchísimas, dificultades que se presentaron en esta negociación tan importante”.
Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC”, aseguró el Mandatario.
El Presidente de la República agradeció el “esfuerzo titánico” cumplido por las delegaciones del Gobierno y las FARC en la Mesa de Conversaciones en La Habana, que permitió acordar los últimos temas pendientes, cerrar las negociaciones y contar con un texto definitivo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el cual tiene carácter de “definitivo” e “inmodificable”.
Al explicar en qué consiste este Acuerdo Final, el Mandatario indicó que se trata de un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y “darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera para todos los colombianos”.
Los 5 puntos del Acuerdo Final
El Jefe de Estado se refirió, además, a cada uno de los cinco puntos fundamentales que contiene el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
En primer lugar, el Jefe de Estado destacó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, para ponerle “fin efectivo a la violencia” y que “implica que se acaban todos los ataques y amenazas a la población”.
En este sentido, recalcó que “las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas, mediante un cronograma ya anunciado, en un plazo de 6 meses”, todo lo cual será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas.
“Lo anterior significa que las FARC dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas”, sostuvo el Mandatario en su alocución radiotelevisada.
2. Protección de los derechos de las víctimas y Justicia Especial para la Paz
En segundo término, el Presidente Santos consideró que el deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, es decir, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y “a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron”.
Indicó que para esto, se creó una Justicia Especial para la Paz –con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades–, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.
“Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves”, sostuvo.
“Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir toda la verdad y contribuir a reparar a las víctimas. Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por 20 años”, agregó.
“Las víctimas han estado en el centro de este proceso y serán sus principales beneficiarias. Pero también lo será todo el país, por todo lo que significa vivir en paz y porque no habrá más víctimas”, puntualizó el Jefe de Estado.
3. Plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia
Como tercer punto del Acuerdo Final, el Mandatario dijo que para desterrar la violencia y llevar oportunidades y progreso a las zonas rurales del país, se acordó un plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia, que ayude a superar la pobreza, la desigualdad y la violencia que tanto los han afectado, y que permita que los desplazados puedan por fin volver a sus hogares con tranquilidad.
Señaló que, en esta medida, habrá programas de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto, un plan masivo de formalización de la tierra, y se creará un Fondo de Tierras para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo, pero, eso sí, “sin afectar de ninguna manera la propiedad privada ni los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe”.
4. Reincorporación a la vida civil y participación política
En cuarto lugar, el Jefe de Estado manifestó que para que la paz sea duradera, se debe garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal del país, en lo cual Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. “Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora”, dijo.
Al respecto, expuso que los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país, en democracia, y “deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”.
Anunció que tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el 2018, tras lo cual participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral.
De acuerdo con el Mandatario, de este punto del Acuerdo Final también hacen parte iniciativas para ampliar y fortalecer nuestro sistema democrático y electoral, dar mayores garantías a la oposición y permitir que regiones que no han tenido representación política adecuada por causa del conflicto elijan de manera transitoria voceros en la Cámara de Representantes.
5. Lucha eficaz contra el narcotráfico
Como quinto punto, el Jefe de Estado recalcó que lo establecido en el Acuerdo Final “nos permitirá atacar de manera más eficaz el narcotráfico, que ha alimentado el conflicto durante tantos años”.
En este sentido, subrayó que las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar, con acciones concretas, en la solución de este problema.
Explicó que, adicionalmente, se pondrá en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que se construirá con las comunidades, y se fortalecerán la lucha contra las finanzas ilícitas y los programas de salud pública para enfrentar el consumo, al tiempo que se incrementarán las acciones contra el microtráfico.
Según el Presidente, un aspecto fundamental se relaciona con la puesta en marcha de programas conjuntos de desminado y limpieza de nuestro suelo, “para que ya nadie –ningún campesino, ningún niño–, tenga miedo de pisar nuestra tierra”.
Fin del capítulo de la guerra
El Presidente Santos puntualizó que este Acuerdo Final representa el cierre del capítulo de la guerra con las Farc, para comenzar a escribir el nuevo capítulo de la paz en Colombia.
“Ese es el acuerdo que se ha concluido hoy. Es un acuerdo que beneficia, protege y fortalece los derechos de todos los colombianos. Es un acuerdo que responde a todas las dimensiones del conflicto y, por eso, precisamente por eso, nos permite cerrar el capítulo de la guerra con las FARC y empezar a escribir el nuevo capítulo de la paz”, concluyó el Presidente de la República.
Comunicado conjunto
“(…) Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.
En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.
Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.
El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.
El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.
La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.
Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto.
Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.
Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.
El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.
El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.
El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.
En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.
El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.
El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.
El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.
El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.
El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.
Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.
Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera”.
