La clase dirigente colombiana está caminando con los ojos abiertos hacia la destrucción de la democracia. Las cuotas extorsivas de la corrupción en la contratación oficial se han multiplicado, y ahora que sacan hasta los fiscales del departamento del Cauca a punta de amenazas
Ser funcionario del estado colombiano es un privilegio exorbitante, que en muchos casos impone la obligación a los empleados de menor rango, de cobrar peajes por el trámite de documentos oficiales, por la revisión y legalización de cuentas, por todo lo que tiene que ver con la administración pública, por el pretexto de cobrar y acumular fortuna para financiar las próximas campañas electorales.
Hace medio siglo el país era un modelo de pulcritud administrativa. Hubo un momento de la vida nacional y regional, donde los mandatarios departamentales y municipales eran personas idealistas, formados en universidades de carácter religioso, miembros de los partidos históricos, apóstoles de la honradez, lejos de los halagos y de las tentaciones del poder.
Los mejores ciudadanos accedían a las gobernaciones y las alcaldías por nombramiento del señor presidente de la república y de los señores gobernadores, sin ninguna vanidad y hasta se daba el caso de transferir sus sueldos a las instituciones beneficencia.
La Constitución Política de 1991 dejó puertas y ventanas abiertas para el ejercicio de la corrupción. ¿Habrase visto que hasta algunos magistrados de las altas cortes cobran por sus sentencias y por sus boletas de libertad, como lo han demostrado los medios de comunicación del orden nacional con el llamado Cartel de la Toga. y Sera, acaso, el peor lastre que le haya caído a la justicia colombiana?
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, — que mucho le aportó al país durante sus ocho años de gobierno, debería entender que ha llegado el momento de cerrar las heridas que le dejó la traición del expresidente Juan Manuel Santos y buscar el diálogo entre los diferentes líderes de la nación, que todavía aman a Colombia, para revisar el proceso de paz con las guerrillas de las FARC (que ha sido el más costoso del mundo), para ponerle fin a los abusos y privilegios del Congreso de la República, que se niega a auto-reformarse; para congelar las extravagantes asignaciones de los magistrados de las altas cortes, para reducir el altísimo costo del servicio diplomático y sobre todo, para colocarle un dique a la picaresca contratista, que se ha extendido como un protozoario que todo lo toca y todo lo corrompe.
Por culpa de la Constitución Política de 1991, en Colombia se han creado partidos políticos de grupos mafiosos, que buscan privilegios y negocios a la sombra del poder estatal.
Los partidos históricos, que eran las grandes catedrales de la democracia, fueron remplazados por organizaciones electorales de barandilla, atípicas en sus intereses y resultados, con nuevas camarillas de opositores que se empeñan en convertir a Colombia en una dictadura no solo comunista sino de cabecillas de la corrupción donde muchos amigos de los Corrillos del Parque Caldas ya hablan de temas de lavados de activos en muchos contratos que se firman en la región, tema que al parecer fue lo que ocasiono las amenazas a la fiscal María Claudia Sendoya que lo estaba haciendo muy bien , la ironía es que cada vez que CAUCA EXTREMO resalta en sus columnas lo que se vive las amenazas aumentan haciendo caso omiso la institucionalidad que tiene la obligación de salvaguardar la vida de su gente y más de los comunicadores que somos objetivos de manos oscuras que no les interesa que se muestre la verdad a las comunidades .
Los partidos históricos no han medido la importancia de la democracia interior, que pretende concentrar el poder en pequeños cacicazgos regionales que debemos acabar en las urnas porque son ellos los que contribuyen al aumento de la corrupción fuera diferente si pensaran en proteger el recurso del estado como diría el Profe Mockus los “RECURSOS SON SAGRADOS” , mientras los grupos de izquierda se toman las universidades públicas y las nóminas del magisterio para ayudar a destruir el país, como parte de una conjura internacional contra Colombia que impulsan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el continente americano.
Hoy no Solo Somos Sobrevivientes de la Pandemia sino Tenemos la Obligación de Crear esa gran Vacuna contra la Corrupción
