No se ha cumplido un mes de la elección del senado y ya rodea la polémica al Pacto histórico, que enfrenta una solicitud de nulidad. El proceso se conoció este 31 de marzo donde se busca que se declare nula la coalición para el Senado, que perjudicaría las 20 curules pro Petristas que dejaría de tener el candidato presidencial al ser aceptada.
Según fuentes públicas, el abogado Ibañez aseguró que “la Constitución permite que los partidos se coliguen para presentarse a elecciones, pero para que eso suceda no pueden superar los coligados, más del 15% de la votación válida de la elección anterior. En el caso del Pacto Histórico al estar integrado por la Colombia humana superan ese 15% que determina la constitución llegan casi al 62% luego el Consejo Nacional Electoral debería no declarar la elección de los electos de esa coalición”.
Dicha declaración fue conocida después de llegar dicha solicitud al Consejo Nacional Electoral, CNE a las 7:00 a.m. del 30 de marzo y fue presentada por el abogado electoral Ibañez, que se ha desempeñado como funcionario de la Registraduría Nacional y fue magistrado del CNE, por lo que tiene claro cómo funciona dicho sistema y está seguro de que el Pacto Histórico “incurrió en una nulidad”, pero ¿Por qué?
Para que lo podamos entender los mortales, las coaliciones no se pueden formar si dichos partidos o movimientos sobrepasan juntos el 15% del resultado de la votación válida de las elecciones celebradas en el periodo anterior, por lo que solo el Partido Colombia Humana supera dicho umbral, argumento suficiente para no poder ejecutar ningún tipo de alianza con otras colectividades, afectando la carrera de Gustavo Petro por la presidencia, porque para que la Colombia Humana recibiera la personería jurídica se argumentó la votación de 8 millones de personas, además de presentarse como oposición al gobierno actual con dicha votación.
De ser aceptada dicha demanda por el abogado Ibañez, esto afectaría también a los actuales electos de todos los departamentos incluyendo a los representantes electos Bastidas y Pete en el Departamento del Cauca. Según el documento presentado, los partidos que realizan este tipo de actos deben enfrentar y asumir las consecuencias de un comportamiento antijurídico y especialmente inconstitucional.
