No cabe dudas que desde el año 2020 cuando se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país, por causa de la pandemia del Covid-19, muchos profesionales han tenido que enfrentar nuevos retos tanto en el ámbito laboral como económico, y esto ha generado que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) se haya incrementado considerablemente, convirtiéndose en un avance significativo en las realización de diversas actividades profesionales. Un ejemplo de ello ha sido la implementación de la virtualidad en el ámbito judicial, la cual se llevó a cabo, por medio de lo plasmado en el Decreto 806 de 2020, el cual en el mes de junio de 2022, cumpliría dos años desde su expedición, lo que significa que perdería su vigencia.
Por otra parte, es importante indicar que actualmente en el Congreso de la Republica, se encuentran radicados los proyectos de ley: 323, 324, 325 y 328 de 2022; los cuales, tienen en común, que buscan que la justicia virtual siga vigente de forma permanente en el sistema judicial, que las audiencias sean de forma virtual y que la excepción de las mismas, sea la presencialidad en aquellos casos en los que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos. Sí se llega a implementar la justicia digital de forma permanente, esto podría traer consigo una transformación del sistema judicial en Colombia, lo cual va permitir que tanto abogados como la ciudadanía en general, estén informados de los procesos judiciales, sin importar en qué lugar se encuentren, así mismo, podría generar mayor igualdad entre las partes del proceso. Sin embargo, el Decreto 806 de 2020, pierde su vigencia en junio del presente año, y no hay certeza si los proyectos de ley mencionados anteriormente, van a obtener el apoyo de la mayoría de los miembros del congreso para que sean aprobados y posteriormente sancionados por el presidente de la república.
En consecuencia, la justicia virtual ha traído un gran progreso al sistema judicial de Colombia, y si no se implementa de forma permanente, posiblemente puede generar un retroceso y demoras significativas en el desarrollo de los procesos judiciales, pero claramente la transformación digital de la justicia, tiene que estar acompañada de una eliminación drástica de la brecha tecnológica en muchos sitios geográficos del país.
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