La Corte Constitucional analizó una tutela interpuesta por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización no gubernamental que se dedica, entre otros, a la promoción y garantía de la libertad de expresión y a la protección de la vida e integridad de los periodistas, contra Juan Pablo Bieri Lozano, quien fuera gerente de RTVC Sistema de medios Públicos.
El conflicto entre las partes tuvo origen en un presunto acto de censura que habría cometido Bieri Lozano frente al presentador del programa Los Puros Criollos, Santiago Rivas, el cual fue denunciado por la FLIP mediante la difusión de la grabación de una reunión de trabajo que tuvo el accionado con algunos de sus colaboradores en la que dejó claro su descontento con el presentador por haber realizado críticas al Gobierno Nacional en otro medio de comunicación.
Esta situación condujo a la renuncia de Bieri Lozano, quien estando fuera del cargo, publicó en su cuenta personal de Twitter varios trinos en los que cuestionaba las actuaciones de la FLIP relacionadas con su gestión.
En especial, acusó a la fundación de editar la grabación, de difundir una grabación ilícita y de ser cómplice de los delitos de injuria y calumnia. Pese a que la fundación le solicitó rectificar dicha información, el exgerente de RTVC guardó silencio. Bajo este panorama, la FLIP acudió al juez de tutela buscando la protección de su derecho al buen nombre.
En el caso concreto, la Sala concluyó que (i) en la reunión del 6 de diciembre de 2018, sostenida en RTVC, se presentaron actos de censura, inicialmente directa y, posteriormente indirecta, en ambos casos con fines retaliativos y capaces de generar un efecto disuasorio en el ciudadano Santiago Rivas y otros comunicadores y periodistas; (ii) la actuación de Diana Marcela Díaz Soto -la cual grabó la reunión de trabajo aludida-, y sin perjuicio de las diligencias que ha desarrollado la Fiscalía General de la Nación, se encuentra protegida por la Constitución Política, debido a que es un acto destinado a encender las alarmas a favor de la democracia, ante la evidencia de los mencionados actos de censura; (iii) Juan Pablo Bieri adelantó y definió una estrategia de censura en un espacio semiprivado, sin expectativa de privacidad absoluta y esta reunión se apartó del desarrollo de sus funciones.
La Corte concluyó, entonces, que Juan Pablo Bieri Lozano publicó información, a través de una serie de trinos, en defensa de su gestión en RTVC Sistema de Medios Públicos, que no cumplía con los estándares de veracidad e imparcialidad. Con ello, vulneró el derecho al buen nombre de la FLIP, pues la acusó sin ninguna prueba de haber manipulado una grabación -a su juicio ilegal- y de haber sido cómplice de los delitos de injuria y calumnia en su contra.
Por estas razones, la Corte revocó las sentencias proferidas en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, el 23 de abril de 2021; y en segunda instancia, por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el 27 de mayo de 2021, que decidieron declarar improcedente la acción de tutela presentada por la FLIP contra Juan Pablo Bieri Lozano y, en su lugar, conceder el amparo al buen nombre de la FLIP y a la dimensión objetiva de la libertad de prensa.
Asimismo, ordenó al ciudadano Bieri Lozano rectificar las afirmaciones realizadas contra la FLIP en su cuenta personal de Twitter.
En la rectificación, este deberá explicar que no cuenta con motivos fundados para sostener que la FLIP manipuló la grabación por ella divulgada; y que la Fundación para la Libertad de Prensa no incurrió en los delitos de injuria y calumnia en su contra.
Esta rectificación deberá realizarse por el mismo medio utilizado por el accionado para difundir los mensajes que desconocieron el buen nombre de la FLIP.
