Para los que creen que la propiedad privada va a pasar de agache en la nueva reforma tributaria que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, hay que decir que están totalmente equivocados, porque las nuevas disposiciones permitirán que la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) acumule en sus poderosas redes y equipos contables todos los elementos que componen el patrimonio privado de cada contribuyente.
Ni siquiera se necesita la declaración de renta y patrimonio, porque los sofisticados sistemas de control tributario permiten acumular en masa toda la información sobre los ingresos de los contribuyentes y sobre el valor real de sus bienes de fortuna, que van a ser gravados de acuerdo con las fluctuaciones del mercado de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los títulos del componente accionario de las empresas y de las empresas de sus respectivas familias.
La sumatoria de todos los activos que poseerá un contribuyente colombiano estará gravada en los potentes computadores de la DIAN, donde controlan además sus cuentas bancarias, sus activos y sus deudas, para deducir los respectivos impuestos, empezando por un gravamen del 0,5% para capitales cercanos a mil quinientos millones de pesos; del 1% para capitales superiores a los tres mil millones de pesos y del 1,5% para capitales superiores a los diez mil millones de pesos.
Con la reforma tributaria que tramita el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República, van a ser gravadas las fincas, las casas, los edificios y los apartamentos por el valor comercial, mediante actualización automática de todos los avalúos de finca raíz.
Los evasores de impuestos, que acostumbran a colocar en las escrituras de compra-venta de finca raíz valores irrisorios en los bienes inmuebles, estarán expuestos a cometer el delito de ‘lavado de activos’ cuando al momento de comprar o vender sus bienes raíces pretendan colocar valores inferiores a los que se han pactado en el respectivo negocio.
A partir de esta reforma tributaria, se establecería cada año un reajuste automático de los valores reales de la propiedad raíz, debidamente actualizados, para aplicarles el ‘Impuesto de Plusvalía’, que es una especie de revaluación automática derivada de los fenómenos monetarios que se produzcan durante cada año fiscal.
De ahí, que el proyecto contempla una permanente actualización catastral que, favorecerá las rentas de los municipios colombianos, amarrando los precios reales de la propiedad a los problemas de la devaluación de la moneda nacional, que este año ha sido una catástrofe. La economía entraría en una etapa muy conflictiva y crítica para multiplicar los ‘subsidios humanitarios’ que propone el régimen populista que se instaló en Colombia el pasado siete de agosto.
Por la angustia y desesperación que tenemos todos los colombianos frente al poder extorsivo que tendría el gobierno nacional, es que las operaciones de compra-venta de finca raíz están paralizadas. La oferta de bienes raíces se ha multiplicado de manera desesperante, pero nadie quiere endeudarse en medio de un posible cataclismo económico.
Por la misma razón es que los grandes empresarios se han marchado del país, desmantelando sus empresas, con indudables efectos sobre el fenómeno del desempleo que puede ocasionar una catástrofe económica el próximo año.
Ya lo había dicho el presidente Gustavo Petro, cuando le preguntaron: ¿qué haría con el derecho a la propiedad privada? Y contestó: ’Vamos a redistribuir la riqueza a base de nuevos impuestos’.
