Mientras tanto, como Nerón ante el incendio de Roma, el país se entretiene, mas no tocando la lira, sino en su afición por el debate circular y politizado que no conduce a nada. En Colombia, una obra que dura cinco años en construirse dura 15 en debatirse, y también las crisis advertidas nos cogen “con los pantalones abajo”.
Con ocho meses de anticipación el IDEAM encendió las alarmas sobre la sequía, pero no hubo acciones de prevención, ni las hay para auxiliar a los afectados. En “Niños” anteriores tuvimos bodegas para distribuir suplementos gratuitos o subsidiados, que aún los ganaderos están esperando.
Hoy, en el altiplano cundiboyacense, minifundista, lechero y reseco, un bulto de silo de maíz supera los $20.000, y el campesino, enfrentado a perder sus animales y su ingreso, debe elegir entre alimentarlos o alimentar a su familia.
El riesgo es muy alto. Nuestra biodiversidad y nuestra vocación agropecuaria, dos riquezas que podrían representar el salto al desarrollo, se destruyen mientras debatimos quién tiene la culpa o no la tiene, qué hubiéramos debido hacer y no hicimos. Están en riesgo el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y las ya difíciles condiciones de la vida rural.
“Hacer” es la consigna, y parte de las soluciones están en la naturaleza. Si la principal causa del cambio climático es el dióxido de carbono en la atmósfera, tan importante como disminuir su emisión con la transición energética, es potenciar su absorción con las aspiradoras naturales de carbono. Entonces, ¿por qué no avanzar en la reconversión ganadera con sistemas sostenibles?
En cambio, la deforestación avanza con la ilegalidad en la “Colombia profunda”. Por ello urge la acción del Estado para detenerla, al margen del debate sobre responsabilidades y de la narrativa de culpar sumariamente a la ganadería, cuando la culpable es la colonización armada del narcotráfico.
Urge una política que sume esfuerzos reforestadores locales, regionales y nacionales. Urge una política de producción sostenible. Si la ganadería ocupa más de 30 millones de hectáreas y en apenas un millón se establecieran Sistemas Silvopastoriles, SSP, lograríamos una “revolución ambiental” con eficiencia productiva y alta captura de carbono.
El gobierno recogió la idea, cuando el presidente anunció que todas las vacas deberían “comer mirando p’al cielo” como en los SSP, pero hoy no hay una sola hectárea establecida como parte de un programa gubernamental.
Para lograrlo se requiere crédito de fomento que consulte la realidad de su implementación, y servicios de asistencia técnica y extensión agropecuaria, que abundan en pomposas leyes, pero escasean en la realidad rural.
La página oficial de Finagro hoy me deseo feliz día, pero no me dio información sobre ejecución 2023 ni sobre recursos 2024 para la Línea Especial de Crédito Economía Verde, en la que, además, cabe de todo. Si se comprendiera la importancia estratégica de los SSP, habría una línea especial con recursos importantes para su implementación. No la hay.
La Agencia de Desarrollo Rural, con presupuesto de $122.000 millones para extensión, abrió licitación en junio de 2023 para adjudicar $79.702 millones entre Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para desarrollar proyectos en ¡4 meses!; un proceso atropellado y confuso que adjudicó $9.861 millones, apenas ¡el 12,4%!, cuando el campo clama por servicios de extensión.
“Hacer” es la consigna; pasar del debate a las acciones, preventivas, restauradoras, oportunas, eficaces; acciones que transformen la realidad del campo colombiano. Menos cuento y más hechos.
Columnista Invitado
José Félix Lafaurie Rivera
