El Cauca respira un breve alivio. La vía Panamericana, arteria vital que conecta el sur con el resto del país, ha sido reabierta. Sin embargo, este respiro es frágil. La declaración de la comunidad indígena de mantenerse en “asamblea permanente” deja en el aire una pregunta inquietante: ¿hasta cuándo durará la tregua? El fantasma de la violencia de 2019, cuando la desesperación ciudadana se desbordó en Popayán, es una advertencia que nadie en el departamento puede permitirse ignorar.
La historia del Cauca está marcada por justas luchas y profundos reclamos. El texto de los acuerdos en La Agustina revela compromisos esenciales del Gobierno, como la garantía de no judicialización y la visita de altos funcionarios. No obstante, la condición de “asamblea permanente” es una espada de Damocles. Cada bloqueo erosiona la convivencia, profundiza la división y siembra desconfianza. Ya hemos visto las consecuencias: el pueblo caucano no indígena paga el costo de una parálisis que afecta la salud, el trabajo y el sustento de miles de familias. Los campesinos arruinados, los pacientes en ambulancias detenidas, los precios de alimentos y combustibles disparados; todos son víctimas colaterales de un método de protesta que, si bien puede ser efectivo para negociar, deja un rastro de resentimiento y sufrimiento.
El problema va más allá de un simple bloqueo. Se trata de la igualdad ante la ley. Es fundamental valorar las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, pero el costo de esos logros no puede recaer exclusivamente sobre los demás ciudadanos del Cauca. La institucionalidad, ya sea la Gobernación o la Defensoría del Pueblo, tiene el mandato de servir a todos por igual. Cuando los acuerdos incluyen la exigencia de que funcionarios actúen bajo la presión de un sector específico para “limpiar nombres”, se crea una peligrosa percepción de que la ley obedece a intereses particulares, no al bien común.
El año 2019 es una herida abierta. La frustración colectiva que llevó al ataque contra la sede del CRIC en Popayán fue un recordatorio de que la paciencia tiene un límite. Este ciclo de parálisis, desgaste y violencia debe romperse. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) no puede seguir jugando a dos bandas: liderar la protesta y luego desentenderse de sus consecuencias políticas. Es su responsabilidad garantizar que las vías de hecho no se repitan y que el diálogo sea el único camino. De igual manera, el Gobierno debe cumplir su palabra, pero también exigir respeto por los derechos de todos los caucanos.
El Cauca no puede ser un rehén de la política ni del incumplimiento. La apertura de la Panamericana debe ser un acto de responsabilidad mutua, no una simple concesión. Si se repiten los bloqueos, no solo se repetirá la parálisis, sino también la dolorosa división que marcó el 2019. El Cauca clama por diálogo, respeto y, sobre todo, una convivencia que no dependa de si las carreteras están abiertas o cerradas.
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