La Ley 2494 de 2025, aprobada recientemente por el Congreso, se disfraza de un noble propósito: regular las encuestas electorales para garantizar su transparencia. Sin embargo, su aparente búsqueda de rigor técnico esconde un peligro latente y mucho más oscuro: *la censura encubierta de la opinión ciudadana. Lo que el legislador parece olvidar es que la opinión no es una fórmula matemática, sino un derecho, una expresión de libertad y un pilar de la democracia*.
Esta ley, lejos de fortalecer nuestra vida democrática, podría convertirse en un instrumento de silenciamiento.
*Restricciones que matan el debate*
Uno de los puntos más polémicos y preocupantes de esta normativa es la prohibición de publicar encuestas de intención de voto durante los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidaturas. En la práctica, esto significa que, en un momento crucial del calendario electoral, los ciudadanos quedarán a oscuras. *¿Cómo puede una sociedad debatir libremente y tomar decisiones informadas si se le niega el acceso a la información que refleja el pulso ciudadano?*
Además, la ley impone exigencias que actúan como barreras infranqueables. *Pide un margen de error inferior al 3%, una cobertura geográfica que incluya municipios con más de 800.000 habitantes y la obligación de remitir bases de datos completas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas no son garantías de calidad, sino un filtro que dejaría fuera a la mayoría de las firmas encuestadoras, especialmente a las independientes y universitarias.* En lugar de enriquecer el debate, esta ley amenaza con reducir drásticamente la cantidad de encuestas disponibles, dejando el monopolio de la información en manos de unos pocos.
*Un CNE con poderes excesivos*
Otro aspecto alarmante es el fortalecimiento de las facultades del CNE sin que estas hayan sido tramitadas a través de una ley estatutaria, como lo exige la Constitución. *Si el órgano encargado de vigilar las elecciones adquiere poderes para auditar, sancionar y controlar la producción de encuestas sin un marco legal robusto, la puerta a la arbitrariedad se abre de par en par.* La misma Corte Constitucional ya ha admitido una demanda que cuestiona este procedimiento, lo que subraya la fragilidad legal de la norma.
*La improvisación es evidente. La ley crea nuevos órganos técnicos y auditorías*, generando gastos permanentes para el Estado sin un análisis de impacto fiscal serio. Esta es una ley que regula la opinión pública pero que fue concebida sin el mínimo diálogo con los actores clave: las universidades, las firmas encuestadoras y la ciudadanía que consume y valora esta información.
*El pluralismo en juego*
Las encuestas electorales son mucho más que un simple ejercicio estadístico. Son herramientas vitales que nos permiten conocer tendencias, identificar actores emergentes y cuestionar narrativas dominantes. *En un país polarizado como Colombia, restringir el acceso a esta información es limitar directamente nuestro derecho a la participación política.*
La Ley 2494, al imponer restricciones arbitrarias, podría convertir la opinión pública en un privilegio de quienes pueden costear sus exigencias. *La historia de América Latina nos ha enseñado que la censura a menudo comienza con leyes técnicas, aprobadas en nombre de la transparencia, pero que terminan silenciando las voces que incomodan al poder*.
No se trata de rechazar toda regulación. Por supuesto que las encuestas deben tener estándares de calidad y transparencia. *Pero esa regulación debe construirse de manera participativa, con criterios técnicos claros* y, sobre todo, con respeto absoluto por la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la participación. Estos derechos no pueden ser sacrificados en el altar de la precisión estadística.
Es ahora responsabilidad de la Corte Constitucional examinar esta ley con lupa. *Y es nuestro deber, como ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones sociales, exigir que se proteja el pluralismo informativo y se defienda el derecho a opinar*, incluso cuando esa opinión sea incómoda para quienes detentan el poder.
