*La decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de conceder la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado un torbellino de reacciones*. Más allá de la polarización política que siempre rodea a la figura de Uribe, el fallo invita a una reflexión profunda sobre los principios de nuestra justicia penal, en particular la *razonabilidad y la proporcionalidad* en la aplicación de las medidas de aseguramiento.
El alto tribunal fue claro: *la decisión que había privado de su libertad al expresidente carecía de estos dos pilares fundamentales.* La medida de aseguramiento, una herramienta restrictiva de la libertad, no puede ser una respuesta automática a la apertura de un proceso judicial. Su uso debe estar justificado por la existencia de un *riesgo real y demostrable*, como la posibilidad de fuga, la obstrucción de la justicia o la reiteración delictiva. En este caso, el Tribunal encontró que la decisión inicial no logró sustentar de manera convincente cómo la libertad del expresidente representaba un peligro para el desarrollo del proceso.
Este fallo es, en esencia, un recordatorio de que en un Estado de Derecho, *la libertad es la regla y la detención, la excepción*. El sistema judicial debe operar con la rigurosidad necesaria para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin importar su nombre, apellido o posición social. La presunción de inocencia no es un simple enunciado; es un principio que obliga a las autoridades a demostrar, con pruebas fehacientes, la necesidad de una medida tan drástica como la privación de la libertad.
Para algunos, *esta decisión puede ser vista como un revés para la justicia, una muestra de que el poder político puede influir en las decisiones judiciales*. Sin embargo, para otros, es una reafirmación de que los jueces están obligados a aplicar la ley por encima de las presiones mediáticas o políticas. Es un llamado a la *serenidad procesal y a la estricta adherencia a los principios legales*.
El caso Uribe, con su complejidad y alto perfil, nos obliga a mirar más allá del personaje y a centrarnos en las reglas del juego. *La justicia no es un espectáculo de condenas rápidas, sino un proceso meticuloso donde cada paso debe ser justificado y proporcionado*. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, al anular una medida de aseguramiento por falta de razonabilidad, no está absolviendo a nadie de sus posibles responsabilidades. Simplemente está recordándonos que el debido proceso es el cimiento de nuestra democracia, y que sin él, cualquier sistema judicial corre el riesgo de convertirse en un instrumento arbitrario
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