La noche de Halloween en Popayán, una festividad que ya implica un reto logístico y de seguridad, se convirtió en un escenario de confusión, molestia y desgobierno comunicacional cortesía de la Alcaldía. El protagonista de este desorden: el Decreto No. 20251000003495 del 31 de octubre de 2025, una normativa que prohibía el parrillero en motocicleta, la venta de combustible, el transporte de escombros y mudanzas, y el uso de pólvora, al mismo tiempo que declaraba Alerta Amarilla hospitalaria.
La Falta de Sincronía: Un Error Inexcusable
El principal y más grave error no radica en la medida en sí, que busca garantizar la seguridad en una noche de alta afluencia, sino en su inoportuna expedición y nula divulgación. El decreto establecía que las restricciones de parrillero regirían a partir de las 6:00 p.m.; sin embargo, su expedición oficial se realizó a las 6:48 p.m., 48 minutos después de su supuesta entrada en vigencia.
Esta disincronía temporal no es un simple error administrativo, es una violación flagrante del principio de publicidad de los actos administrativos y del derecho de la ciudadanía a ser informada oportunamente para acatar la ley. ¿Cómo se espera que los ciudadanos cumplan una norma que, al momento de ser aplicada, aún no había sido publicada ni comunicada por los canales oficiales?
El Silencio Institucional y la Responsabilidad de Comunicaciones
El equipo de comunicaciones y la jefe de prensa, Angela Bravo, quedan nuevamente en entredicho. La información provista por los medios locales revela que, al cierre de la publicación, ningún canal institucional (página web, redes sociales de la Alcaldía) ni los medios aliados habían emitido una comunicación previa sobre las restricciones. Esto no es solo una omisión, es un fracaso rotundo de la estrategia de divulgación oficial.
En un mundo digital, donde una medida de esta magnitud puede ser difundida en segundos, la inacción y el silencio de la oficina de prensa son inexplicables e imperdonables. La justificación de un “gran ego” y el “padrinazgo político” detrás de la jefe de prensa, aunque no excusa la labor de todo el equipo de comunicaciones, señala una problemática más profunda: la incompetencia que se mantiene por encima del profesionalismo y el servicio público.
Consecuencias: Molestia Ciudadana y Riegos Legales
Las consecuencias de este “decreto fantasma” son inmediatas y nefastas:
- Confusión y Molestia Ciudadana: Ciudadanos y transportadores, sorprendidos por controles policiales y de tránsito, no tuvieron un tiempo razonable de socialización. La confianza en la administración municipal se resquebraja cuando las normas se imponen por sorpresa.
- Arbitrariedad Potencial: Las multas, que ascienden hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes más la inmovilización del vehículo, aplicadas en ese lapso de desinformación (6:00 p.m. a 6:48 p.m. y posterior a ello sin divulgación), podrían ser consideradas ilegítimas y ser objeto de controversias legales, pues se castiga el incumplimiento de una ley que no era de conocimiento público.
El equipo de comunicaciones y la Alcaldía en general deben entender que la divulgación oportuna y efectiva es tan crucial como la expedición del decreto mismo. La ley debe ser conocida para ser acatada. La seguridad de la ciudad no puede depender de la improvisación ni de la ineficiencia comunicacional. Es hora de que el ego dé paso a la responsabilidad pública y la capacidad profesional. La ciudadanía de Popayán merece ser gobernada e informada con la seriedad que exige el cargo.
