La vivienda en arriendo es, para millones de colombianos, la puerta de entrada a la independencia o, simplemente, la única alternativa de hogar. Es un pilar de la economía doméstica que, por años, ha estado viciado por una práctica que, aunque común, es abiertamente ilegal: el cobro de depósitos o pagos adicionales no contemplados en la ley para la firma de un contrato. La reciente advertencia de las autoridades no es solo un recordatorio normativo; es un fuerte campanazo que busca reequilibrar la balanza entre arrendadores e inquilinos.
La Multa Millonaria: Un Mensaje Contundente
El mensaje es directo y viene con un costo altísimo para quien persista en el abuso: multas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (más de $142 millones en 2025). Esta cifra no es menor y demuestra que el Ministerio de Vivienda y las alcaldías han decidido pasar de la simple prohibición, ya establecida en la Ley 820 de 2003, a la acción sancionatoria efectiva. Es una medida necesaria que protege al eslabón más vulnerable: el arrendatario, quien a menudo se ve forzado a aceptar condiciones irregulares por la urgencia de conseguir un techo.
Transparencia, la Única Moneda Válida
El contrato de arrendamiento debe ser un ejercicio de transparencia total. La normativa es clara: solo se puede exigir el canon mensual, los pagos de servicios, y las responsabilidades de mantenimiento. Cualquier exigencia extra –llámese “depósito de seguridad”, “anticipo excesivo”, o “pago por estudio de documentos”– que no esté explícitamente y legalmente contemplada, es un acto de abuso.
Este nuevo foco de vigilancia obliga a propietarios y agencias inmobiliarias a revisar y ajustar sus procesos. Desconocer la ley ya no será una excusa válida. Para el arrendador, el riesgo de una sanción millonaria debe ser un incentivo suficiente para ceñirse a la legalidad. Para el inquilino, el anuncio de nuevos mecanismos de denuncia ante la alcaldía o la Superintendencia de Industria y Comercio le otorga una herramienta poderosa y efectiva.
Hacia un Mercado de Arriendo Justo
La formalización y la justicia son los objetivos finales. Que el acceso a la vivienda no esté supeditado a la capacidad de pagar “extras” ilegales, sino a la solvencia para cumplir con el canon pactado. Esta acción gubernamental sienta las bases para un mercado de arriendo más sano, ético, y profesional. Es hora de que la relación entre las partes se base en la confianza y el estricto cumplimiento legal, dejando atrás las “prácticas normales” que por años han sido, en realidad, simples ilegalidades.
