El reciente video que circula en Popayán, donde una agente de tránsito rechaza un intento descarado de soborno, no es solo una noticia; es un espejo que refleja el dilema moral que aún enfrenta nuestra sociedad y, a la vez, una luz de esperanza para la administración pública.
El Cinismo al Volante: Un Problema de Fondo
El protagonista del video es un conductor que no solo comete múltiples y graves infracciones—circular con Pico y Placa, sin SOAT y sin Revisión Técnico-Mecánica—sino que escalona su falta a la categoría de delito al intentar silenciar la ley con dinero. Lo más preocupante es el cinismo implícito en la acción: la creencia de que la norma es flexible y que el funcionario público es maleable.
El delito de Cohecho por Dar u Ofrecer, castigado con penas de prisión de 5 a 8 años, demuestra la seriedad con la que la ley trata la corrupción. Que este acto haya sido cometido presuntamente por un abogado, quien debería ser el primer garante de la legalidad, resulta un agravante moral y ético que debe ser investigado a fondo. La excusa de ser “amigo de la administración” no solo es infantil, sino que busca utilizar la influencia política para eludir la justicia, un patrón que la ciudadanía está harta de presenciar.
La Reivindicación del Agente
Frente a la oscuridad de la corrupción, brilla la integridad de la agente de tránsito. Su respuesta inmediata al rechazar el dinero, llamar a su equipo, y poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes es un acto de valor y profesionalismo que merece el aplauso y el reconocimiento de toda la ciudad.
Este caso debe servir para acallar las voces de aquellos que, como usted menciona, desde la “duma municipal” o los “corrillos,” buscan constantemente desmeritar la labor de la Secretaría de Tránsito por intereses políticos o personales. La funcionaria demostró que la institución tiene personal que cumple con su deber, incluso bajo la tentación. La integridad no puede ser una herramienta en el juego político; es un principio innegociable.
La Sanción: Un Mensaje Necesario
La pregunta inicial es simple: ¿Debe sancionarse? La respuesta es un imperativo categórico: Sí.
El conductor debe enfrentar no solo las cuantiosas multas y la inmovilización de su vehículo por las infracciones de tránsito, sino también el proceso penal por el delito de cohecho. La sanción en este caso no es solo un castigo individual; es un mensaje público y contundente de que Popayán no tolera la corrupción en la calle.
La administración del alcalde ha actuado correctamente al solicitar una investigación. Ahora, la Fiscalía General de la Nación debe asegurar que este proceso avance con celeridad y transparencia. Si el castigo es ejemplar, no solo se hará justicia, sino que se enviará una señal clara a cada ciudadano: la ley se respeta, y la dignidad de nuestros funcionarios no está en venta. La integridad de Popayán se construye con estos actos.
