El clamor del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, no es un simple llamado de atención; es un grito de auxilio desesperado ante una ola de violencia que ha rebasado por completo las capacidades del departamento. La escalada de ataques por parte de las disidencias de las FARC, particularmente la estructura “Iván Mordisco,” ha sumido a más de 12 municipios en el terror, afectando indiscriminadamente a la población civil, la misión médica, y la infraestructura vital. La situación exige una reflexión profunda sobre la respuesta del Estado colombiano.
La Fragilidad de la Panamericana y el Riesgo Nacional
La solicitud de militarización total de la Vía Panamericana es la medida más contundente y urgente planteada por Guzmán. Esta vía no es solo una carretera regional; es la arteria económica y social que conecta el suroccidente de Colombia con el resto del país. Permitir que grupos armados la usen como blanco fácil no solo paraliza la economía del Cauca, sino que crea un cuello de botella que afecta la movilidad y el comercio nacional.
El hecho de que el gobernador deba rogar por la seguridad de una infraestructura crítica subraya un preocupante vacío de control territorial por parte del Estado. Si esta vía es constantemente atacada, el mensaje es claro: la soberanía estatal es débil en la región.
Desborde de Capacidades y el DIH
Guzmán ha sido enfático: “lo que está ocurriendo desborda completamente nuestras capacidades institucionales y operativas.” Esta frase debe ser la alarma para el Gobierno Nacional. La persistencia de ataques simultáneos y masivos, dirigidos contra centros poblados y la misión médica, constituyen flagrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Cuando una autoridad regional admite que la situación está fuera de control, es porque las medidas preventivas y los refuerzos solicitados previamente —y, al parecer, ignorados— han demostrado ser ineficaces. La inacción o la respuesta tibia del Estado ante esta evidencia es interpretada por los grupos armados como una licencia para intensificar el miedo, la muerte, y la destrucción.
El Cauca no es un Problema Local
El gobernador correctamente enfatiza que esta crisis va más allá de las fronteras departamentales. La inseguridad en el Cauca es un impedimento directo para la paz y el desarrollo social de Colombia.
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Sin control territorial efectivo, ningún programa de inversión social, justicia, o desarrollo económico puede prosperar.
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Mientras persista el miedo, la población más vulnerable se mantendrá en un estado de encierro forzado, incapaz de acceder a oportunidades o servicios.
La petición al presidente Gustavo Petro de tomar “decisiones firmes”, comparables a las adoptadas en el Guaviare, es un llamado a la coherencia en la política de seguridad. El Cauca necesita acciones de la misma contundencia para restaurar la vida y la integridad de su pueblo.
El Cauca necesita, más que promesas de diálogo, una presencia institucional permanente y una estrategia de seguridad integral y urgente que devuelva la tranquilidad a sus comunidades y garantice que la arteria Panamericana pueda cumplir su función vital sin estar bajo la constante amenaza del terror. La vida de los caucamos no puede esperar más.
