En medio de la habitual fricción política, es crucial reconocer las acciones de control que, lejos de buscar la confrontación, terminan siendo un *salvavidas* para la administración pública y una garantía de *legalidad* para los ciudadanos. Este es precisamente el caso de la labor adelantada por el concejal *José Luis Diago Franco* en relación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán.
Contrario a la percepción de que la vigilancia política es solo una forma de oposición, la solicitud de Diago, que ha escalado hasta una acción de cumplimiento ante la justicia superior, se convierte en un *apoyo fundamental y un respaldo decisivo* para la misma administración municipal, y en especial, para los funcionarios de la Secretaría de Tránsito.
*Un Mandato Legal, Una Salvaguarda Ética*
La batalla legal del concejal no se centra en crear nuevas leyes, sino en hacer cumplir una que ya existe de forma *clara e imperativa*: el artículo *159 del Código Nacional de Tránsito*. Este mandato establece que las sanciones por multas prescriben a los tres años si no se ha notificado el mandamiento de pago, y, fundamentalmente, que *la prescripción debe ser declarada de oficio*.
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La inactividad administrativa frente a miles de millones de pesos en multas ya prescritas *($13.934 millones de pesos, según el propio reconocimiento de la Secretaría , multas que jamás fueron cobradas en administraciones anteriores)* no solo vulnera los derechos de los ciudadanos al debido proceso y al habeas data, sino que también pone a la administración en una situación de *riesgo legal y ético*.
Al obligar, mediante la autoridad superior de un juez de cumplimiento, a que la Secretaría depure sus bases de datos y declare la prescripción de oficio, el concejal Diago no solo beneficia a su electorado y a la ciudadanía en general, sino que, y esto es crucial, *salvaguarda a los propios miembros de la administración municipal* de incurrir en un posible delito o falta disciplinaria.
*Respaldo a la Legalidad*
El Concejal Diago, al exigir que se deje de reportar como deudas vigentes obligaciones que son legalmente inexistentes, está asegurando que la Secretaría de Tránsito *actúe estrictamente conforme a la ley*. Mantener en el sistema multas prescritas y hasta celebrar acuerdos de pago sobre obligaciones inexistentes (como él lo advirtió) no es solo un error administrativo; es una práctica que expone a los funcionarios a investigaciones de la Procuraduría y la Contraloría.
La sentencia que emita el Tribunal, ordenando la depuración y la declaratoria de oficio, será una *herramienta de blindaje* para la nueva administración. Lejos de ser un castigo, será la *autorización judicial ineludible* para limpiar el historial heredado y empezar a operar bajo un esquema de legalidad impecable.
*Es por esta razón que la labor de José Luis Diago Franco debe ser resaltada como un ejemplo de control político constructivo:* él ha tomado el camino de la ley para forzar una corrección estructural que beneficia la seguridad jurídica de Popayán y, de manera directa, *protege la integridad de los funcionarios públicos* de la Secretaría de Tránsito al *exigirles operar dentro de los límites claros del ordenamiento jurídico. Una excelente labor que merece el reconocimiento de toda la ciudad*.
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