La tensa sesión del Concejo de Popayán sobre la solución a las recurrentes inundaciones en el sector del Centro Comercial Campanario y barrios aledaños no solo expuso un problema de drenaje; desveló una profunda fractura ideológica y fiscal sobre el uso de los recursos públicos y la responsabilidad histórica del desarrollo urbano. La polémica se centra en una cifra: $6.200 millones que costaría la solución técnica definitiva, un nuevo colector pluvial.
La Memoria del Agua y la Responsabilidad Compartida
El debate tiene sus raíces en la memoria ambiental de la zona. Como lo recordaron el Secretario de Infraestructura y el concejal Diago, el sector donde se asientan hoy el centro comercial y la Villa Olímpica fue históricamente un área de humedales y el punto de convergencia natural de la cuenca de la Quebrada Machángara. .
-
Origen del Problema: El agua siempre busca su cauce natural. La urbanización y el relleno de estos humedales sin la infraestructura de drenaje adecuada son la causa original de que el agua, en aguaceros intensos, convierta la zona en un “río”, colapsando incluso el sistema de bombeo de $500 millones que instaló Campanario.
-
La Carga de la Ciudad: El representante del centro comercial subraya que el problema, aunque golpea su propiedad, es de carácter público, afectando a 3.000 empleados, la Carrera Novena, el Colegio INEM y barrios vecinos como Torres del Río y Bananos.
La solución técnica del Acueducto, un colector de 56 pulgadas, es la única manera de manejar el caudal de 5.6 metros cúbicos por segundo que hoy inunda el sector. El problema no es la solución, sino quién paga la cuenta.
¿Prioridad Pública o Subsidio a lo Privado?
Aquí reside el nudo gordiano del debate. La solución de $6.200 millones, sugerida para ser cubierta mediante una alianza entre el municipio, el centro comercial y el Acueducto, es cuestionada por concejales como José Alexander Campo, quienes argumentan:
-
Prioridad de Inversión: Se cuestiona destinar una suma similar a la necesaria para obras públicas urgentes, como la Avenida Cadillal, a un problema que tiene un origen en desarrollos privados sobre humedales.
-
Detrimento Patrimonial: La preocupación de fondo es la de “autorizar recursos públicos para invertir en un predio privado”, sentando un peligroso precedente fiscal donde el erario asume los costos de una planificación urbana defectuosa que benefició a desarrolladores privados.
La responsabilidad debe ser compartida, pero con una fórmula transparente que refleje la proporción del impacto. Si el problema es de ciudad, el municipio debe intervenir; pero si la causa raíz y el principal afectado es un desarrollo privado que se asentó sobre un humedal, su contribución a la alianza debería ser mayor que una simple participación.
El Escándalo de la Curia: La Ética de la Servidumbre
El debate se agudizó con la revelación sobre la Curia (Arquidiócesis). Para que el nuevo colector llegue al Río Cauca, la tubería debe atravesar sus predios. La denuncia del concejal Campo sobre el condicionamiento del permiso a la condonación de años de impuestos prediales es un asunto de extrema gravedad que desvía la conversación del drenaje a la ética pública.
-
La Curia, al parecer, estaría utilizando su posición estratégica (la propiedad del predio) como palanca para obtener beneficios fiscales. Esto no solo es un obstáculo legal sino una acción que, de ser cierta, roza el chantaje institucional, obligando al municipio a un potencial detrimento patrimonial a cambio de una obra de beneficio general.
El Concejo tiene una obligación clara: la solución técnica debe ejecutarse, pero sin sacrificar el patrimonio de la ciudad. El llamado es a exigir la aplicación rigurosa de la ley, revisando las “exigencias” de la Curia y priorizando un Plan de Ordenamiento Territorial que ponga fin a la especulación de “lotes de engorde” y respete, de una vez por todas, la geografía natural de Popayán. La ciudad no puede seguir siendo rehén de intereses particulares que se anteponen a la seguridad y la Hacienda Pública.
