La confesión del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, no es solo un llamado de auxilio; es la declaración de un Estado superado. Cuando un mandatario regional admite públicamente que la ofensiva criminal “desborda la capacidad departamental”, lo que estamos presenciando es el colapso de la gobernabilidad en la periferia de Colombia. Lo que ocurre en Buenos Aires no es un incidente aislado, es un síntoma de una fractura profunda en la seguridad nacional.
Un ataque al corazón de la humanidad
Siete horas de fuego continuo, dos policías asesinados y, lo más alarmante, un hospital atacado. El uso de fusiles contra infraestructura civil no es solo un acto de guerra; es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario que busca despojar a la población de su último refugio: la salud. Los grupos armados en el corredor del Naya ya no solo buscan controlar rutas de narcotráfico; buscan anular la presencia del Estado mediante el terror sistemático.
La falacia de la seguridad centralizada
El gobernador Guzmán ha sido claro: “El Cauca no puede seguir resistiendo solo”. Esta frase resuena como una crítica demoledora a la gestión del Ministerio de Defensa. Mientras en la capital se discuten cifras y estadísticas, en Buenos Aires las familias se desplazan bajo el sonido de la ráfaga. La seguridad no puede seguir siendo un concepto de escritorio; debe ser una realidad en el territorio.
La deuda del Gobierno Nacional es inmediata:
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Recuperación del control: No basta con enviar tropas tras la tragedia; se requiere una presencia permanente y ofensiva que desarticule las estructuras criminales.
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Soberanía aérea: Es inaceptable que una población permanezca incomunicada y bajo fuego por siete horas sin que la respuesta aérea del Estado logre neutralizar la amenaza.
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Voluntad política: El Ministro Iván Velásquez debe entender que el Cauca es hoy el epicentro de una crisis de soberanía que pone en duda la efectividad de la política de seguridad actual.
Conclusión: Una obligación constitucional
Cuando la institucionalidad local se declara incapaz ante la magnitud del enemigo, la Constitución obliga al Gobierno Nacional a intervenir de manera extraordinaria. Ignorar el llamado del Cauca es aceptar que existen territorios donde la ley no es la del Estado, sino la del más fuerte.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Esperará el Ministerio de Defensa a que el Cauca se convierta en un territorio perdido, o asumirá finalmente su responsabilidad de proteger la vida de quienes hoy se sienten abandonados a su suerte?
