El anuncio del Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre la publicación del decreto del salario mínimo para 2026 entre el 29 y 30 de diciembre, cierra un capítulo de incertidumbre técnica pero abre un debate profundo sobre la naturaleza del ingreso en Colombia. Tras el fracaso de las negociaciones entre gremios y sindicatos, el Gobierno se dispone a aplicar, por primera vez con fuerza narrativa, el concepto de “salario mínimo vital”.
El giro conceptual: Más allá de los números
Históricamente, la discusión del mínimo en Colombia ha sido un ejercicio de matemáticas frías: inflación + productividad. Sin embargo, la administración actual busca rescatar el artículo 53 de la Constitución y los estándares de la OIT para introducir una variable cualitativa: la dignidad.
Un salario “vital” no solo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de precios, sino garantizar que el trabajador y su familia puedan cubrir necesidades básicas que a menudo escapan a las fórmulas macroeconómicas tradicionales. Es, en esencia, un reconocimiento de que sobrevivir no es lo mismo que vivir con bienestar.
La brecha del desacuerdo
La distancia entre las pretensiones de las centrales obreras (16%) y la oferta empresarial (7,21%) es un síntoma de dos realidades que parecen no tocarse:
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Los trabajadores: Argumentan que el costo de vida real (alimentos, servicios, vivienda) supera con creces las cifras oficiales de inflación.
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Los empresarios: Advierten que un aumento excesivo podría disparar la informalidad y frenar la contratación en un momento de crecimiento económico sensible.
El reto del Gobierno
Con proyecciones de analistas que sitúan el incremento entre el 11% y el 15%, el Gobierno Nacional tiene en sus manos una decisión salomónica. Fijar el salario por decreto le otorga el control total de la narrativa, pero también la responsabilidad absoluta de las consecuencias económicas.
Si el incremento se acerca al 15% bajo la bandera del “salario vital”, el Gobierno cumplirá una promesa social, pero deberá vigilar de cerca que este ajuste no termine diluyéndose en una nueva espiral inflacionaria que afecte, precisamente, a quienes busca proteger.
Nota: La transición hacia un salario vital es un paso valiente hacia la modernización de los derechos laborales, pero su éxito dependerá de que no se convierta en una cifra aislada, sino en parte de una política integral que fomente la productividad y la estabilidad de precios.
