El inicio del 2026 nos golpea con una realidad que parece estancada en el tiempo: el norte del Cauca sigue siendo un territorio donde ni siquiera el dolor es respetado. El asesinato de Irma Yulie Erazo, y el posterior ataque contra Angélica María Cantoni y Reina Nancy Stella durante el velorio de la primera, no es solo una cifra más en la estadística de masacres; es un síntoma de una descomposición social y de seguridad que ha sobrepasado todos los límites éticos.
Asistir a un funeral es, en esencia, un acto de humanidad y despedida. Sin embargo, en Santander de Quilichao, este acto se convirtió en una sentencia de muerte. Que hombres armados irrumpan en un espacio de duelo para perseguir y acribillar a dos mujeres demuestra que el control territorial de los grupos ilegales —como el Frente Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos— ha mutado en una tiranía sobre la vida cotidiana.
Un diagnóstico conocido, una solución ausente
Lo más indignante de este caso es que no se trata de una tragedia impredecible. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas. El guion de la violencia en el Cauca es tristemente predecible:
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Economías ilícitas que financian el terror.
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Control territorial que asfixia a los comerciantes y líderes locales.
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Ausencia estatal que no se suple solo con la presencia de la Tercera División del Ejército, sino que requiere una intervención integral.
Cuando una comunidad no puede llorar a sus muertos sin temor a ser la siguiente víctima, el tejido social se rompe. El mensaje de los victimarios es claro: ellos deciden quién vive, quién muere y quién tiene derecho a la memoria.
La deuda del Gobierno Nacional
El llamado de los líderes sociales no puede seguir cayendo en oídos sordos. Si bien las investigaciones avanzan, la justicia en el Cauca suele llegar tarde o no llegar. La seguridad en el norte del departamento no debe limitarse a operativos reactivos después de que la sangre ha corrido; se necesita un desmantelamiento real de las estructuras que imponen “normas ilegales” a plena luz del día.
La masacre del 3 de enero es un recordatorio de que la paz, para el ciudadano de a pie en Santander de Quilichao, sigue siendo una promesa abstracta frente a la realidad concreta de las balas. La protección de la población civil debe ser la prioridad absoluta, antes de que el luto se convierta en la única constante de la región.
