El reciente atentado contra la infraestructura eléctrica en Cajibío, Cauca, no debe leerse simplemente como un acto de sabotaje contra el Estado o una empresa de servicios públicos. Al cortar el suministro de energía que alimenta al hospital municipal, los autores de este hecho han cruzado una línea roja que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) estableció para salvaguardar lo mínimo: la vida de los no combatientes.
Como bien lo ha denunciado el gobernador Octavio Guzmán, estamos ante una “vulneración flagrante”. En el ajedrez del conflicto armado en el Cauca, el uso de la infraestructura civil como objetivo militar es una estrategia que denota una degradación moral absoluta. Cuando una torre de energía cae, no solo se apaga una bombilla; se apaga el ventilador de un paciente en cuidados críticos, se detiene la cadena de frío de las vacunas y se paraliza la capacidad de respuesta ante una emergencia médica.
El DIH no es una sugerencia
El principio de distinción es la piedra angular del DIH. Los actores armados tienen la obligación técnica y ética de diferenciar entre objetivos militares y bienes civiles. Atacar la red eléctrica de la que depende un hospital es, en la práctica, un ataque contra el hospital mismo.
“Bajo los convenios internacionales, las unidades sanitarias son sagradas. Quien las ataca, aunque sea de forma indirecta, está cometiendo un crimen que trasciende la simple alteración del orden público.”
El control a través del miedo
Lo que sucede en Cajibío es una muestra de cómo los grupos armados han pasado de la confrontación directa a la instrumentalización de las necesidades básicas. Privar a una comunidad de salud y energía es una táctica de control territorial que busca arrodillar a la población civil a través del terror y la precariedad. Es convertir el derecho a la salud en un rehén de la guerra.
Un llamado a la acción
La respuesta no puede ser exclusivamente militar. Si bien es urgente que la Fuerza Pública asegure la zona para que los técnicos restablezcan el servicio, se requiere:
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Presencia de organismos internacionales: La ONU y la Cruz Roja deben verificar estas violaciones para que no queden en el anonimato estadístico.
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Protección de la infraestructura crítica: El Cauca necesita un plan de contingencia que permita a sus hospitales ser autónomos energéticamente (paneles solares, plantas de respaldo robustas) para que su operatividad no dependa de una torre vulnerable en la montaña.
El gobernador Guzmán tiene razón: no hay justificación. La guerra tiene límites, y cuando se apaga la luz de un hospital, lo que queda en la oscuridad es la humanidad misma de quienes empuñan las armas.
