La reciente salida de Adith Romero de la Unidad para las Víctimas no es un simple cambio de fichas en el ajedrez burocrático del Gobierno Petro. Es el síntoma de una patología profunda que parece haber hecho metástasis en una de las entidades más sagradas del Estado: la encargada de sanar las heridas del conflicto armado. Lo que estamos presenciando es la mutación de una entidad misional en un fortín clientelista de cara a las próximas elecciones.
Es difícil no sentir indignación al leer las cifras. Mientras miles de víctimas esperan años por una indemnización que nunca llega, la Unidad parece haber encontrado una “agilidad” administrativa envidiable para otros fines. Entre la medianoche y la mañana de un solo viernes, se cargaron 48 contratos. En apenas 21 días de enero, se vincularon a más de 400 personas por prestación de servicios. ¿A qué responde este frenesí contractual? La respuesta parece hallarse en el calendario electoral y en la sombra de los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno.
La denuncia es grave: se estarían utilizando recursos destinados a la reparación integral —el dinero que debería ir directamente a las víctimas— para financiar una nómina paralela que, según testimonios internos, tiene la orden de “gestionar” votos en Santander y Norte de Santander. El uso de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por 22.500 millones de pesos en el Fondo para la Reparación, una cifra que duplica lo ejecutado el año anterior, es una alerta roja que los entes de control no pueden ignorar.
Pero el problema no es solo el cuánto, sino el quiénes. La degradación técnica de la Unidad es evidente. Pasamos de direcciones encabezadas por figuras con trayectoria en derechos humanos, como Patricia Tobón o Lilia Solano, a perfiles cuya experiencia principal fue la seguridad privada o cargos locales en Barrancabermeja sin relación con las víctimas. Esta falta de idoneidad se traduce en contratos directos de cuantías astronómicas, como los 112.000 millones de pesos entregados a una unión temporal sin experiencia jurídica probada para defender judicialmente a la entidad. El riesgo de detrimento patrimonial es asfixiante.
La inestabilidad institucional es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Con directores que duran apenas meses y “ruidos” de pasillo que involucran hasta a ministros como Armando Benedetti en el freno de nombramientos técnicos, la Unidad de Víctimas queda a la deriva. Si la política de “Paz Total” del Gobierno pretende ser coherente, no puede permitir que la reparación se convierta en el combustible de las maquinarias regionales.
Las víctimas de este país ya han sido despojadas de sus tierras, de sus familias y de su tranquilidad. Es una crueldad sistémica que ahora, desde las oficinas del Estado, se les despoje también de su presupuesto para pagar favores políticos. La justicia no solo se hace en los tribunales; se hace respetando cada peso destinado a quienes lo han perdido todo. Hoy, la Unidad de Víctimas no parece estar reparando el pasado, sino hipotecando el futuro a cambio de votos.
