El reciente hallazgo de la Contraloría General de la República no es solo una cifra fría; es un epitafio a la confianza institucional. Que de 107 billones de pesos invertidos en la paz, solo el 17% presente resultados verificables, no es un error de cálculo: es un escándalo ético. En cualquier empresa privada, una gestión con el 83% de “zona gris” llevaría a la quiebra inmediata y a procesos penales. En el Estado colombiano, parece ser simplemente un martes cualquiera.
El Costo de la Ceguera Voluntaria
La tesis de Wilson Ruiz Orejuela es clara y dolorosa: se nos pidió “fe” cuando lo que se necesitaba era fiscalización. Mientras el discurso oficial se blindaba con retórica humanitaria, el dinero de los contribuyentes —ese que sale del sudor de quienes sí cumplen la ley, se diluía en programas sin indicadores de impacto.
El resultado de esta inversión sin control es una paradoja sangrienta:
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Financiación récord: 107 billones de pesos ejecutados.
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Realidad territorial: Expansión de estructuras de las antiguas FARC, un ELN fortalecido y más de 800 bandas criminales.
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Cifra de inseguridad: 26.000 delincuentes activos que no compraron el relato de la desmovilización.
Una Ética Fracturada
El problema de fondo no es que se busque la paz, sino cómo se ha pervertido el concepto. Cuando el Estado premia al victimario con recursos que no sabe rastrear, mientras la víctima sigue esperando reparación y el ciudadano honesto padece la extorsión, se rompe el contrato social. La paz no puede ser un cheque en blanco, ni una coartada para la ineficiencia administrativa.
La “paz” que no se traduce en la recuperación del control territorial por parte de la Fuerza Pública es, en el mejor de los casos, una ilusión costosa; y en el peor, una transferencia de riqueza hacia la ilegalidad encubierta.
Hacia una Paz con Autoridad
Colombia no necesita más relatos románticos que ignoren el mapa criminal del país. La advertencia de la Contraloría debe ser el punto de inflexión para exigir una paz con auditoría. No hay justicia social si el dinero destinado a transformar el campo termina en la burocracia o, peor aún, en las arcas de quienes nunca dejaron las armas.
La verdadera paz no se decreta en escritorios bogotanos ni se mide por el volumen de dinero gastado, sino por la vigencia del Estado de Derecho en cada rincón del país. Sin seguridad, autoridad y transparencia fiscal, lo que tenemos no es un proceso de paz, sino una costosa administración de la violencia. Es hora de dejar de pedirle al país que “crea” y empezar a demostrar que el Estado, finalmente, puede proteger a quienes sí respetan la ley.
