El reciente atentado contra el senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca no es solo un ataque contra un representante de la Alianza Social Independiente; es un recordatorio sangriento de que en Colombia existen territorios donde la Constitución es un susurro frente al estruendo de los fusiles. El saldo es desgarrador: dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asesinados, dos vidas segadas cumpliendo el deber de proteger la democracia en una zona que parece haber sido entregada a la barbarie.
Arauca se ha convertido en el laboratorio perfecto del caos. La combinación de una frontera porosa con Venezuela y la presencia dominante de grupos como el ELN y disidencias criminales ha creado un ecosistema de impunidad. Aquí, el Estado no es una presencia constante, sino un visitante ocasional que llega tarde a las escenas del crimen.
Una Frontera de Papel
Lo ocurrido no es un hecho aislado. La región sufre una “crisis de seguridad” que ha escalado de las amenazas a los asesinatos a cielo abierto. La facilidad con la que los grupos armados operan en la línea fronteriza evidencia un fallo estructural en la inteligencia y el control territorial. Mientras el Gobierno Nacional ordena enfrentar a estos grupos con la fuerza pública, la realidad en el terreno muestra que la capacidad de fuego y reacción de la insurgencia sigue superando las garantías mínimas de seguridad para líderes políticos y ciudadanos de a pie.
El Costo de la Indiferencia
¿Cuántas muertes más de funcionarios y protectores del orden se necesitan para que Arauca deje de ser una cifra en los medios de comunicación y pase a ser una prioridad real de soberanía? La retórica presidencial sobre el uso de la fuerza debe traducirse en resultados tangibles, no en más banderas a media asta y comunicados de condolencia.
La muerte de los escoltas de la UNP es una herida directa a las instituciones. Si quienes están entrenados y armados para proteger a los líderes del país caen ante el poder de los grupos criminales, ¿qué esperanza le queda al campesino o al comerciante araucano?
Reflexión Final
El atentado contra Castellanos es el síntoma de una enfermedad terminal en la periferia colombiana. Si el Estado no logra recuperar el control de Arauca, la “paz” seguirá siendo un concepto abstracto que se discute en oficinas de Bogotá, mientras en las carreteras de la frontera, el plomo sigue dictando la ley.
Nota: La seguridad de nuestros líderes y de quienes los protegen es la base mínima de cualquier ejercicio democrático. Sin ella, no hay política, solo supervivencia.
