La democracia no solo se construye en las urnas; se garantiza en los servidores. Este sábado 7 de febrero, el país fue testigo de un despliegue técnico que, aunque técnico y silencioso para el ciudadano de a pie, resulta vital para la legitimidad de las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo. El simulacro de preconteo de la Registraduría, supervisado por 93 auditores de sistemas acreditados por el CNE, no es un trámite más: es el seguro de vida de la voluntad popular.
Lo ocurrido en ciudades como Popayán, donde la vigilancia regional se hizo presente, refleja una descentralización necesaria de la desconfianza constructiva. Que la supervisión haya alcanzado una cobertura del 59.4% del territorio nacional, abarcando 19 departamentos desde San Andrés hasta Tumaco, envía un mensaje claro: la tecnología electoral ya no es una “caja negra” cerrada bajo llave en Bogotá.
La asimetría de la vigilancia
Sin embargo, los datos nos arrojan una realidad que merece análisis. De los 93 auditores, la Coalición Ahora Colombia aportó 67 (más del 70% del total), mientras que otras agrupaciones como el Centro Democrático o las coaliciones regionales de Nariño y Córdoba apenas contaron con una representación mínima.
Esta disparidad plantea una reflexión obligatoria:
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El compromiso tecnológico: No basta con denunciar posibles fraudes en micrófonos; la verdadera defensa del voto ocurre en los centros de procesamiento de datos, donde se verifica el código, la transmisión y la consolidación de resultados.
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Capacidad operativa: La presencia de seis agrupaciones políticas es un avance, pero el hecho de que solo una concentre la gran mayoría de la auditoría técnica evidencia la brecha de recursos y preparación entre las distintas fuerzas.
Transparencia en tiempo real
El despliegue en las regiones Central, Oriental, Caribe, Pacífica y Andina demuestra que el sistema está siendo estresado bajo la mirada de expertos externos. La tecnología es falible y los sistemas de información son vulnerables por naturaleza; por ello, la acreditación de estos especialistas es el único antídoto contra la narrativa del fraude que suele empañar los cierres de jornada.
El éxito de este simulacro no debe medirse solo por la velocidad de la transmisión de datos, sino por la capacidad de los auditores de encontrar fallos y exigir ajustes antes del 8 de marzo. La confianza ciudadana es frágil, y en un contexto donde el 40% del territorio aún no contó con esta supervisión técnica directa en el simulacro, el reto para las agrupaciones políticas y el CNE es cerrar esa brecha de cara a la jornada definitiva.
Al final del día, la vigilancia de los sistemas es un ejercicio de soberanía. Como dice el refrán: “Al ojo del amo engorda el ganado”. En este caso, al ojo del auditor, se fortalece la democracia.
