La confirmación del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la muerte de un menor de edad en un bombardeo en el Catatumbo no es solo un dato forense; es un choque frontal contra el discurso de “pulcritud operativa” que el Gobierno Nacional ha intentado sostener. La noticia fractura la narrativa oficial y pone bajo la lupa los protocolos de inteligencia que, supuestamente, debían garantizar que el horror de las “víctimas pequeñas” no se repitiera en este mandato.
El quiebre de la versión oficial
Hace apenas unos días, el presidente Gustavo Petro defendía la legitimidad del ataque bajo una premisa clara: se había investigado, “hasta donde es posible”, la ausencia de menores. Sin embargo, el Comunicado 013 de Medicina Legal es tajante: entre los siete fallecidos en la operación contra el ELN, ya se identificó formalmente a un menor de edad.
Este hallazgo deja al Ejecutivo en una posición incómoda. Si la orden de bombardear se basó en una inteligencia que aseguraba un entorno libre de niños, estamos ante una falla crítica de verificación. Si, por el contrario, se conocía el riesgo y se procedió, estaríamos frente a una vulneración consciente de las líneas rojas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La advertencia de la Defensoría
El papel de la Defensoría del Pueblo en este episodio ha sido el de un contrapeso necesario. Al revelar que familias enteras tuvieron que refugiarse en un colegio cercano durante la madrugada del ataque, el organismo describe un escenario de terror civil que dista mucho de una “operación quirúrgica”.
“Aún en las acciones legítimas de uso de la fuerza del Estado, se deben adoptar todas las medidas de conducción de hostilidades”.
Esta frase de la Defensoría es un recordatorio de que la eficacia militar no puede ser la única métrica de éxito. La posibilidad de desplazamientos forzados y confinamientos en El Tarra tras el operativo subraya que el impacto de una bomba no termina cuando se disipa el humo.
Un llamado a la transparencia
La solicitud de que el levantamiento de cadáveres e identificación de víctimas sea realizado por autoridades independientes sugiere una desconfianza latente sobre cómo se maneja la información en el teatro de operaciones.
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¿Qué falló? La cadena de custodia y la verificación previa deben ser auditadas.
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¿Quién responde? El Estado no solo debe identificar a los dos cuerpos restantes, sino explicar cómo un menor terminó en el centro de un objetivo militar que se presumía “limpio”.
Análisis de la situación técnica:
| Entidad | Versión Inicial / Posición | Hallazgo / Solicitud |
| Presidencia | No presencia de menores confirmada “hasta donde fue posible”. | Operación contra el ELN: 7 muertos, 1 capturado. |
| Medicina Legal | Recepción de 7 cuerpos en Cúcuta. | Confirmación: Un menor de edad entre los fallecidos identificados. |
| Defensoría | Alerta por riesgo a población civil y refugio en escuelas. | Exigencia de independencia en procesos forenses y respeto al DIH. |
La muerte de un menor en la guerra siempre es una derrota, sin importar quién apriete el gatillo o dé la orden desde un escritorio. El Gobierno, que llegó al poder con la promesa de humanizar el conflicto, enfrenta ahora el reto de responder con la verdad técnica por encima de la conveniencia política. El Catatumbo, una vez más, espera respuestas que vayan más allá de los fusiles recuperados.
