El asesinato de Belarmino Guejía Dizú en la vereda San José La Laguna, en Cajibío, no es solo una cifra más en la sangrienta estadística de la violencia en el Cauca; es el síntoma de una herida abierta que el Estado colombiano no logra, o no parece querer, sanar. Cuando un líder social es silenciado por las balas, no solo muere un individuo; se fractura el tejido de una comunidad que veía en él una brújula de esperanza y un escudo frente a la arbitrariedad de los grupos armados.
La crónica de una muerte advertida
Lo más doloroso del caso de Belarmino es que ocurre bajo la sombra de la advertencia. La Defensoría del Pueblo ya había mapeado el peligro a través de sus Alertas Tempranas, señalando que en Cajibío se vive una guerra de posiciones entre facciones como el Frente Jaime Martínez y el Frente Carlos Patiño.
La pregunta es inevitable: ¿De qué sirven los sistemas de alerta si la respuesta estatal se queda en el papel y no llega al territorio?
La protección de los defensores de derechos humanos se ha convertido en una gestión burocrática de formularios y esquemas de seguridad reactivos, mientras que la realidad en el campo es una dictadura de las armas que restringe la movilidad, señala a los críticos y apaga las voces disidentes.
Entre velas y consignas
El homenaje realizado por los estudiantes de la Unicauca y los vecinos de San José La Laguna refleja una dualidad desgarradora: la solidaridad y el miedo. Las velas encendidas no solo honran la memoria de Belarmino; son también un grito silencioso que exige que la defensa del territorio no siga costando la vida.
No podemos permitir que la violencia se convierta en el paisaje natural de nuestra ruralidad. Cuando un líder social cae, la democracia se debilita porque el miedo desplaza a la participación. La comunidad de Cajibío ha sido clara: la protección no es un favor, es una obligación constitucional.
La urgencia de la justicia
Para que el sacrificio de Belarmino Guejía Dizú no se pierda en el olvido, se requieren tres acciones inmediatas por parte de las instituciones:
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Justicia efectiva: La judicialización de los responsables materiales e intelectuales para romper el ciclo de impunidad.
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Presencia integral: El Estado debe llegar al Cauca no solo con botas y fusiles, sino con inversión social que arrebate el control territorial a los grupos ilegales.
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Prevención real: Transformar las alertas en acciones preventivas que protejan la vida antes de que se apague.
Hoy, mientras las velas en memoria de Belarmino se consumen, queda la tarea de recoger su bandera. Su voz fue apagada, pero el reclamo de justicia debe resonar con más fuerza que nunca. En el Cauca, defender la vida no debería ser un acto heroico, sino un derecho garantizado.
