El reciente Comité Departamental de Seguimiento Electoral en Santander de Quilichao no fue una reunión administrativa más. Bajo el liderazgo del Delegado Departamental, Manuel Ricardo Ruales Realpe, el Cauca ha enviado un mensaje contundente al resto del país: la logística electoral y la justicia de género deben caminar de la mano. Con la confirmación de la normalidad operativa para los 819 puestos de votación, la mirada ahora se posa sobre un avance legislativo sin precedentes: la Ley 2453 de 2025.
Históricamente, la participación política de las mujeres en departamentos con contextos sociales complejos como el Cauca ha sido una carrera de obstáculos. No solo se enfrentan a las brechas de financiamiento o la falta de espacios en los partidos, sino a una violencia sistemática que busca silenciarlas. Sin embargo, la implementación de esta nueva ley marca un “antes y un después”. Ya no se trata solo de cuotas de género; se trata de mecanismos reales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso que aparta a las lideresas de la toma de decisiones.
“La democracia no es solo el acto de votar; es la garantía de que cualquier ciudadano, sin importar su género, pueda aspirar a representar a su comunidad sin miedo a la estigmatización o la agresión.”
El Blindaje de la Participación Femenina
La apuesta de la Registraduría por un enfoque descentralizado en Santander de Quilichao permite que la protección a la mujer no se quede en los escritorios de la capital. La Ley 2453 de 2025 define con claridad conductas que antes se normalizaban: la violencia simbólica, el acoso digital y la obstrucción de recursos económicos. Al socializar estas medidas en el territorio, se empodera a las candidatas y se advierte a los infractores que el proceso electoral de 2026 tendrá una vigilancia especial.
El Cauca, con su inmensa diversidad étnica y cultural, tiene en sus mujeres una fuerza transformadora vital. Garantizar que los 819 puestos de votación sean espacios seguros es el primer paso, pero asegurar que las campañas sean libres de violencia es el objetivo final.
Defender los derechos ciudadanos de las mujeres es, en última instancia, defender la legitimidad de nuestras instituciones. El compromiso expresado en este comité debe traducirse en una jornada electoral donde la única noticia sea el triunfo de la voluntad popular, libre de sesgos y opresiones.
