Colombia se encamina a unas nuevas elecciones legislativas este 8 de marzo bajo una sombra que, lejos de disiparse, parece institucionalizarse: la del candidato bajo sospecha. El reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) es una bofetada de realidad para un electorado que clama por renovación, pero que se encuentra en los tarjetones con un inventario de 76 aspirantes al Senado que, más que propuestas, arrastran expedientes.
La cifra no es menor. Que casi el 7% de los aspirantes al Senado enfrenten investigaciones penales, fiscales o disciplinarias no es solo una estadística; es el síntoma de una democracia que permite que el derecho a ser elegido se convierta en un escudo contra la justicia. Aquí radica la gran paradoja colombiana: mientras la ley protege la presunción de inocencia —un pilar sagrado del derecho—, el sistema político la utiliza como una rendija por donde se cuelan clanes, herederos de la parapolítica y figuras vinculadas a escándalos como Odebrecht o el “Cartel de la Toga”.
El mapa del cuestionamiento
El informe es claro al señalar dónde se concentra el mayor riesgo. Los partidos tradicionales y de maquinaria abierta parecen ser los refugios predilectos para estas figuras.
| Partido Político | Situación según el informe |
| Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical | Mayor número de cuestionados debido al sistema de listas abiertas. |
| Pacto Histórico y Centro Democrático | Menor proporción de cuestionados, pero con casos críticos en sus listas cerradas. |
La diferencia entre listas abiertas y cerradas es fundamental. En las abiertas, el “voto preferente” incentiva la movilización de capitales y maquinarias regionales que, a menudo, son alimentadas por figuras como Didier Lobo o José Alfredo Gnecco, cuyos apellidos pesan más en sus feudos que las 19 denuncias penales o los procesos por enriquecimiento ilícito que puedan cargar a sus espaldas.
De la legalidad a la legitimidad
Nombres como el de César Lorduy o Miguel Ángel Barreto nos recuerdan que en Colombia existe una brecha insalvable entre lo que es legal y lo que es éticamente aceptable para representar a una nación. ¿Es legal que compitan? Sí, mientras no haya condena en firme. ¿Es legítimo que quienes deben legislar sobre transparencia tengan cuentas pendientes por presunto soborno, acoso o corrupción en contratos estatales? Rotundamente, no.
El problema es que esta “permeabilidad” del sistema erosiona la confianza ciudadana. Con una abstención que históricamente ronda el 50%, la presencia de candidatos bajo investigación solo alimenta el cinismo del elector: “¿Para qué votar si siempre ganan los mismos con las mismas mañas?”.
La renovación pendiente
Incluso las fuerzas que se presentan como “alternativas” o “renovadoras” caen en la trampa. Los casos de David Racero en el Pacto Histórico o José Vicente Carreño en el Centro Democrático demuestran que el examen interno de los partidos es, en el mejor de los casos, laxo, y en el peor, inexistente.
Colombia no puede seguir siendo un país donde el Congreso sea visto como un refugio de fuero penal. La responsabilidad este 8 de marzo recae, en última instancia, en el ciudadano. Ante la falta de filtros institucionales efectivos y la complicidad de los partidos, el único filtro real es el voto informado. Si el sistema no depura las listas, el elector debe depurar el poder. De lo contrario, seguiremos legislando con el código penal en una mano y la investidura en la otra.
