El próximo 9 de abril, Colombia no solo conmemorará una fecha histórica en su calendario civil; este 2026, las calles se llenarán de un reclamo que toca la fibra más sensible del ciudadano: su patrimonio. La convocatoria a un Paro Nacional contra el modelo de Catastro Multipropósito y los avalúos del IGAC no es un simple capricho de la oposición, sino el síntoma de una desconexión técnica y social que amenaza con asfixiar económicamente a miles de hogares y productores rurales.
El argumento del Gobierno y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) suena, en papel, impecable. Actualizar el catastro es una deuda histórica. Sin un censo predial moderno, el Estado camina a ciegas, los municipios pierden recursos y la planeación del territorio es pura ficción. Sin embargo, la implementación ha pasado de ser una herramienta de justicia distributiva a convertirse en una mordida fiscal desproporcionada.
El Problema de la “Fórmula Fría”
La Resolución 2057 de 2025, que disparó los avalúos en 527 municipios, parece haber sido redactada desde un escritorio frío en Bogotá, ignorando las realidades de la Colombia profunda. Los manifestantes denuncian un error metodológico fundamental: confundir el valor potencial de la tierra con la capacidad real de pago del propietario. Aumentar un avalúo en un 200%, 300% o incluso más, basándose en la metodología masiva del enfoque multipropósito, sin haber corregido primero los errores de campo, es poner la carreta delante de los bueyes. ¿De qué sirve que una finca “valga” millones en los libros si el campesino que la trabaja apenas genera para su subsistencia y ahora debe enfrentar un predial que consume su capital de trabajo?
Las Peticiones: ¿Un Clamor por la Justicia o un Freno al Desarrollo?
El pliego de peticiones presentado por los convocantes no pide simplemente “no pagar”. Pide tiempo y rigor. La solicitud de suspender los efectos de la actualización por un año y derogar la resolución del IGAC busca un margen de maniobra para realizar lo que se debió hacer desde el principio: mesas técnicas reales y una revisión predio a predio donde el error sea evidente.
La exigencia de una nueva ley que regule la Política Pública de Catastro Multipropósito es, quizás, el punto más sensato. El sistema actual tiene vacíos que permiten que la descentralización de gestores catastrales se convierta en un festín de ineficiencia y falta de control por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Un Diálogo Impostergable
El Gobierno Nacional tiene dos caminos este 9 de abril: tildar la movilización de “política” y cerrar las puertas, o entender que el impuesto predial es el tributo que más golpea el bolsillo directo de la clase media y el sector rural.
La justicia catastral no se logra solo con drones y algoritmos de alta precisión; se logra cuando el ciudadano siente que lo que paga es recíproco a los servicios que recibe y, sobre todo, acorde a su realidad económica. Si el Estado insiste en aplicar una modernización “a la fuerza” y con errores de base, lo que recolectará no será más dinero, sino una indignación social de la que será muy difícil retroceder.
El 9 de abril será la prueba de fuego: ¿Es el catastro una herramienta para el desarrollo o un arma de expropiación indirecta por vía fiscal? La respuesta dependerá de la voluntad de diálogo que muestre el Ejecutivo ante un país que, simplemente, ya no aguanta un aumento más.
