Si hace tres años se fueron del país trescientas empresas que le daban gran impulso a la economía nacional, preocupadas por las enormes concesiones y privilegios otorgados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos a las ‘desmovilizadas’ guerrillas de las FARC, ¿qué decir ahora cuando, contraviniendo lo prometido en la campaña electoral para la presidencia de la República, el nuevo gobierno del presidente Iván Duque, con el sol a las espaldas, propone un nuevo impuesto al patrimonio de los empresarios colombianos, que se han sometido al imperio de la Constitución Nacional y de las Leyes de la República?
Hacer empresa en Colombia es un suicidio. La sobrecarga tributaria y fiscal es escandalosa. Prevalece la doble tributación, desde el momento en que las empresas legalmente establecidas liquidan utilidades, sobre las cuales se aplica un impuesto del 32% y luego, cuando se reparten los raquíticos dividendos, que son igualmente gravados con el ‘Impuesto a las ganancias ocasionales’, se aplica un nuevo tributo. Gravar a los empresarios, a los dueños del capital productivo, a los inversionistas, con el impuesto del 3% al patrimonio, significa una atroz puñalada a la inversión privada.
¿De qué sirve en Colombia ser un empresario honrado? si el estado lo persigue, lo sanciona, lo extorsiona y lo desalienta, esquilmándole sus ganancias para convertirlas en nuevos impuestos. Según el empresario santandereano Reinaldo Serrano Orejarena, hace cuatro años se fueron del país setenta y dos (72) empresas industriales, entre ellas varias ensambladoras de vehículos y de maquinaria industrial, que trasladaron sus instalaciones ciudades de Panamá, Estados Unidos y Canadá.
¿Cuántos puestos de trabajos se perdieron? ¿En que quedó la palabra empeñada por el señor Presidente Iván Duque durante su campaña electoral, según la cual, su administración iba a reducir las cargas tributarias del empresariado colombiano?
No existe coherencia entre lo que el presidente Duque le prometió al país antes de la pandemia del coronavirus y lo que pretende hacer ahora, expoliando a la gente honrada que ha creído en la palabra del primer mandatario de la nación. Lo primero que el gobierno tiene que hacer es convocar al Congreso de la República para que expida una ley de amnistía e indulto a los contribuyentes que estamos colgados con el pago de los cuantiosos y excesivos tributos, que están ahorcando a las empresas legalmente establecidas.
Es muy grave, para el futuro de la economía colombiana, que existan unas multas extravagantes contra los deudores morosos al fisco nacional, cuyas empresas están haciendo aguas en medio de la INSENSIBILIDAD de este gobierno, que está proponiendo una masacre tributaria contra lo poco que le está quedando al país, de un sector privado sacrificado, golpeado y vapuleado, que ha tenido que afrontar en los últimos diez años las cinco reformas tributarias, entre ellas, la que se hizo para comprar a los actores de la guerra, que ahora ocupan curules en el Congreso de la República y que disponen de una ‘JUSTICIA DE BOLSILLO’ con más de ochocientos abogados que, por cuenta del erario público, defienden a once mil excombatientes, que desde los Acuerdos de La Habana tienen los más altos privilegios que haya tenido ciudadano alguno de Colombia.
¡Y todavía dicen sus áulicos, que en Colombia no se están cumpliendo los acuerdos de paz!
