En América Latina, la relación entre poder político y justicia ha sido históricamente tensa. Los procesos judiciales contra Alberto Fujimori en Perú y Álvaro Uribe en Colombia revelan cómo dos figuras emblemáticas enfrentan el escrutinio legal por presunto abuso de poder. Aunque separados por tiempo, contexto y acusaciones específicas, ambos casos comparten elementos que permiten trazar un paralelismo inquietante: ¿pueden terminar igual?
Este informe analiza en detalle el escenario jurídico y político de ambos procesos, la popularidad que rodeó a cada líder, las acusaciones de abuso de poder y el impacto que estos juicios tienen en la dinámica política de sus respectivos países.
Escenario jurídico
Fujimori: condenas múltiples y liberación polémica
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990–2000) fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Entre las sentencias más emblemáticas están las relacionadas con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al Estado. También fue condenado por secuestros, malversación de fondos, compra de medios y sobornos a congresistas.
En 2007, Fujimori fue extraditado desde Chile y condenado a 25 años de prisión. En 2017, recibió un indulto presidencial por razones humanitarias, el cual fue anulado en 2018 y luego restituido por el Tribunal Constitucional en 2023. Su liberación generó tensiones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el Estado peruano violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Uribe: juicio en curso por manipulación de testigos
Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta un juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema archivó la denuncia y abrió una investigación contra Uribe por presuntamente intentar alterar testimonios que lo vinculaban con el paramilitarismo.
La Fiscalía sostiene que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, promovió visitas a cárceles para obtener retractaciones de testigos clave. El juicio culminó en julio de 2025 tras 67 audiencias, y el fallo se conocerá el 28 de julio. La Procuraduría pidió su absolución, mientras que la Fiscalía solicitó condena.
Comparativo Jurídico | ||
Aspecto | Fujimori (Perú) | Uribe (Colombia) |
Delitos imputados | Violaciones a derechos humanos, corrupción, esterilizaciones forzadas, tráfico de armas | Fraude procesal, soborno a testigos, manipulación judicial |
Instancia judicial | Condenado por el Poder Judicial peruano; procesos adicionales quedaron pendientes tras su muerte | Juzgado Penal del Circuito de Bogotá; fallo en primera instancia se conocerá el 28 de julio |
Estado actual | Falleció en 2024; cumplía condena de 25 años, liberado por indulto en 2023 | En juicio oral; podría ser absuelto, condenado o recibir fallo mixto |
Pruebas clave | Testimonios, documentos oficiales, informes de la CVR, casos emblemáticos como La Cantuta | Grabaciones, cartas, testimonios de exparamilitares, interceptaciones telefónicas |
Defensa argumenta | Legado político, lucha contra el terrorismo, salud deteriorada | Persecución política, falta de pruebas directas, defensa de su reputación |
Abuso de poder
Fujimori: autogolpe y represión
El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió el orden constitucional en lo que se conoce como el “autogolpe”. Esta acción le permitió gobernar con poderes extraordinarios, implementar reformas económicas radicales y combatir al terrorismo con mano dura. Sin embargo, también abrió la puerta a violaciones sistemáticas de derechos humanos y corrupción institucionalizada.
El uso de escuadrones de la muerte, el control de medios y la compra de congresistas son considerados ejemplos claros de abuso de poder. Aunque su gobierno logró derrotar a Sendero Luminoso y estabilizar la economía, lo hizo a costa de la legalidad y la democracia.
Uribe: ¿estrategia judicial o manipulación?
En el caso de Uribe, el presunto abuso de poder se manifiesta en el intento de alterar procesos judiciales. La Fiscalía lo acusa de haber ideado una estrategia para manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros para obtener retractaciones de testigos. Aunque no ha sido condenado, el proceso ha revelado una red de contactos, grabaciones y pagos que apuntan a una posible interferencia en la justicia.
Uribe niega haber dado instrucciones ilegales y sostiene que fue víctima de una trampa. La defensa argumenta que su interés era verificar información y defender su reputación. El juicio ha polarizado a la opinión pública y podría marcar un precedente histórico en Colombia.
Amplia popularidad
Fujimori: el “salvador” que terminó condenado
Fujimori llegó al poder como outsider, derrotando a Mario Vargas Llosa en 1990. Su popularidad inicial se basó en medidas efectivas para controlar la hiperinflación y derrotar al terrorismo. Fue reelegido en 1995 y 2000, aunque esta última elección estuvo marcada por denuncias de fraude.
A pesar de las violaciones de derechos humanos, Fujimori mantuvo un fuerte respaldo popular, especialmente entre sectores que valoraban la estabilidad y la seguridad. Incluso tras su condena, el fujimorismo sigue siendo una fuerza política relevante en Perú, liderada por su hija Keiko Fujimori.
Uribe: el bastión de la derecha colombiana
Uribe es considerado el líder más influyente de la derecha colombiana en el siglo XXI. Su política de seguridad democrática y su enfrentamiento con las FARC le dieron una alta popularidad durante sus dos mandatos. Fundó el partido Centro Democrático y fue clave en la elección de Juan Manuel Santos y luego de Iván Duque.
Aunque su imagen se ha erosionado por el proceso judicial, sigue siendo una figura polarizadora. Para sus seguidores, es un patriota injustamente perseguido; para sus detractores, representa el autoritarismo y la impunidad. El fallo del 28 de julio podría redefinir su legado político.
Dinámica política
Perú: el legado del fujimorismo
El caso Fujimori marcó un antes y un después en la política peruana. Su condena fue vista como un triunfo de la justicia, pero su liberación ha reactivado el debate sobre la impunidad. El fujimorismo sigue influyendo en el Congreso y en la narrativa política, apelando a la memoria de un líder fuerte en tiempos de crisis.
La polarización entre fujimoristas y antifujimoristas ha definido elecciones, reformas y movilizaciones. La liberación de Fujimori en 2023 provocó protestas y cuestionamientos internacionales, evidenciando que su figura sigue dividiendo al país.
Colombia: ¿un nuevo ciclo judicial?
El juicio contra Uribe ha reconfigurado el mapa político colombiano. Ha debilitado al Centro Democrático y ha fortalecido discursos de justicia y transparencia. Si es condenado, Colombia podría entrar en una nueva etapa de rendición de cuentas. Si es absuelto, su influencia podría revivir, aunque bajo una legitimidad cuestionada.
La polarización se ha intensificado, y el desenlace del juicio podría avivar tensiones entre sectores que defienden a Uribe y quienes exigen justicia sin privilegios. En cualquier caso, el proceso ha demostrado que la democracia colombiana ya no es inmune al escrutinio judicial.
Comparativo político | ||
Aspecto | Fujimori (Perú) | Uribe (Colombia) |
Legado político | Figura polarizadora; instauró modelo autoritario y neoliberal | Líder del Centro Democrático; símbolo de la derecha colombiana y oposición a Petro |
Impacto en sucesores | Keiko Fujimori heredó liderazgo; debilitado tras su muerte | Uribe sigue activo; juicio podría afectar su influencia en elecciones 2026 |
Relación con el Congreso | Apoyo de Fuerza Popular; influyó en composición del TC | Apoyo de sectores conservadores; influencia en bloque opositor del Congreso |
Narrativa pública | “Salvador del Perú” vs. “Dictador” | “Defensor de la patria” vs. “Autor de manipulación judicial” |
Movilización social | Antifujimorismo activo; protestas tras su liberación | Polarización creciente; expectativa por fallo judicial |
¿Destinos convergentes?
Fujimori y Uribe representan dos modelos de liderazgo que marcaron profundamente a sus países. Ambos enfrentaron acusaciones graves, mantuvieron altos niveles de popularidad y polarizaron a la sociedad. Fujimori fue condenado y liberado; Uribe está a punto de conocer su destino judicial.
Más allá del veredicto, estos procesos revelan que en el siglo XXI gobernar con popularidad no garantiza impunidad. Las democracias latinoamericanas, aunque imperfectas, están aprendiendo a exigir cuentas a sus líderes. Y en ese aprendizaje, Fujimori y Uribe son dos capítulos que aún no han cerrado del todo.