La corrupción se ha adherido tanto a nuestro quehacer cotidiano que ya no escandaliza.
El político corrupto es finalmente quien mediante la ejecución de actos ilegales infringe el delito, pero, ¿son los electores responsables si tienen un reconocimiento de que esto podía pasar? ¿Son participes responsables objetivamente por estos? ¿Y, si esa corrupción ya está demostrada previamente mediante investigaciones antes de la elección? Estas y muchas más preguntas embargan mi mente cuando en las noticias me entero de la apertura formal de investigaciones a miembros pertenecientes a la política tradicional.
Sencillamente nos hemos vuelto expertos en ignorar la responsabilidad de nuestras malas decisiones electorales, las cuales sin darnos cuenta pueden en su gran mayoría estancar al país debido a que por elección popular damos un aire de legalidad a aquellos que vienen con intenciones dolosas en contra de los recursos públicos ¿El pueblo es entonces culpable de los actos corruptos de los políticos elegidos por voto popular?
Estamos cansados realmente de la corrupción, este fenómeno que nos azota día a día nos hace ser conscientes del problema, pero nuestro discernimiento no nos cohíbe, no nos reprocha ¿Por qué?
Estamos entonces ante una sociedad que basa sus aprendizajes en la ley del más ‘’vivo’’ ley que solo ha hecho perder la confianza social del individuo derivándose esto en la normalización de los actos corruptos.
Según trasparencia Colombia nos encontramos en un puesto 90 entre los países más corruptos de 180 candidatos siendo esto el triste reflejo de nuestra sociedad mal educada.
¿Pero desde cuando la corrupción comienza a ser un problema en la realidad colombiana?
El principal tema de conversación ha cambiado en Colombia. La ira y el rechazo que producían las noticias de masacres perpetuadas en el marco del conflicto armado, desplazamientos y desapariciones en las regiones del país por la guerra han dado el relevo a la indignación por la corrupción de nuestros dirigentes los cuales quedaron sin cortinas de humo.
Es alentador saber que ante el panorama de una solución del conflicto armado nos llenemos de esperanza para también solucionar la corrupción, ya que esta no depende de la violencia o narcotráfico si no qué solo depende de la educación de los votantes y el análisis crítico de estos a los políticos que van a elegir y que finalmente terminaran administrando los recursos públicos.
¿Pero cuál es el enfoque del gobierno para prevenir la corrupcion? Este enfoque se basa en la creación o modificación de normas vigentes en el ámbito jurídico colombiano para solucionar problemas sociales. Pero las fallas de este enfoque se evidencias en que los colombianos se preocupan más por acatar las normas y no por cumplirlas.
En segundo lugar, entonces está el enfoque de la implementación de la sanción para hechos corruptos la cual se preocupa de manera creativa en expedir nuevas sanciones, nuevas penas, nuevas multas y con esto el gobierno pretende desincentivar las actuaciones corruptas.
Los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años no ha sido suficientes lo cual pone en total jaque al estado y su respuesta ante la corrupcion, ya que de cada 3960 casos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación solo se sancionaron 326 casos según un estudio realizado del 2009 al 2016 por la organización Trasparencia por Colombia.
Si buscáramos una solución real tendríamos que realizar una veeduría ciudadana en cada uno de los procesos de contratación pública, empleos públicos y la estipulación de sanciones más severas para los que cometan tales faltas contra el debido ejercicio de la función pública para que así sean debidamente sancionados y el ejercicio del voto popular termine siendo más responsable.
IMAGÉN TOMADA DE INTERNET
