Ante la expectativa de un posible cataclismo político derivado del desprestigio del Congreso de Colombia, por la incapacidad de auto-reformarse, se h multiplicado la inscripción de movimientos cívicos y sociales ante la Registraduría del Estado Civil para impulsar la iniciativa del ‘VOTO EN BLANCO’ en las próximas elecciones parlamentarias.
Este mecanismo, creado en la Constitución Política de 1991, establece que el triunfo del ‘Voto en Blanco’ es el único instrumento capaz de provocar la renovación del Senado y la Cámara de Representantes, porque a renglón seguido nuestra ‘carta de derechos’ obligaría a repetir en mayo las elecciones legislativas con candidatos diferentes a los que inicialmente se inscribirían como aspirantes a las elecciones del 13 de marzo del año entrante.
Esas cuentas no las han hecho los politólogos criollos, que especulan a su manera con los pronósticos electorales. Ciertamente, el país está buscando una renovación total de las cámaras legislativas, donde el proceso de renovación de la clase dirigente se ha quedado estancado, porque resulta muy difícil competir dentro de la figura del ‘Voto Preferente’ con quienes se vienen perpetuando en los cargos de elección popular.
La Constitución Nacional expedida en 1991 abrió puertas y ventanas a la formación de empresas electorales, la mayoría de ellas de corte familiar, donde los cacicazgos regionales y nacionales le cierran la puerta a las nuevas generaciones. La mayoría de los actuales senadores de la república ya cumplieron tiempo de jubilación, pero prefieren perpetuarse con el apoyo de empresas privadas que manejan los resortes de la contratación oficial.
Bajo la tesis de que ‘el poder apasiona tanto como el amor de las mujeres’, los clanes familiares preparan a sus hijos para que les aseguren la continuidad en el poder. Para renovar de manera auténtica la representación parlamentaria existe el ‘voto en blanco’ como norma constitucional, que ya tiene muchos equipos inscritos en la Registraduría del Estado Civil, recogiendo firmas en las calles, en los parques, en los clubes sociales, en las tiendas y en las plazas de mercado, intentando la revocatoria de la actual clase dirigente que se ha perpetuado en el poder.
De tiempo atrás, las nuevas disposiciones electorales determinaron que cualquier grupo de ciudadanos (as) puede crear un nuevo partido político en Colombia. Hasta el momento hay diecinueve (19) organizaciones electorales que se identifican por su razón social, algunos convertidos en establecimientos comerciales para vender en subasta pública los avales para los cargos de elección popular. A ese rango pertenecen la Alianza Afrodescendiente, el Consejo Comunitario de las Negritudes, la Organización AFROVIDES y otras expresiones de la inconformidad nacional, que andan ofreciendo avales para cobrar los subsidios electorales que les reconoce el Estado Colombiano como una forma de supervivencia después de cada jornada electoral.
Si los partidos históricos se convierten en una simple agencia de avales, cuando en el pasado han sido los grandes pilares de la democracia colombiana, pueden quedar reducidos a su más mínima expresión en las próximas elecciones parlamentarias. Un partido político que no tenga trazadas claramente sus líneas ideológicas, está condenado a desaparecer. El partido conservador y el partido liberal tienen mucho que perder en las próximas elecciones parlamentarias, si no le dan participación efectiva a las fuerzas sociales y sindicales, a los empresarios, a los educadores, a los artistas, a los transportadores, a los líderes de la salud y a la reserva activa de las fuerzas militares y de policía. Conjugar los intereses de las regiones con una nueva representación en el Senado y la Cámara de Representantes, impidiendo la reelección indefinida de los congresistas, puede ser la última oportunidad para recuperar la confianza del ‘PAIS NACIONAL’.
