En las últimas semanas, se han perpetrado graves alteraciones al orden público, que han dejado como saldo, la pérdida de vidas humanas, entre ellas la de varios miembros de la fuerza pública, lo que, sin duda, no solo deja a muchos ciudadanos con gran temor y zozobra, sino que también, hace recordar, aquella época de violencia, de la cual gran parte de la población colombiana ha sido víctima. Por tal motivo, es necesario cuestionar al actual gobierno y las políticas implementadas por el mismo, puesto que, el aumento de ataques tanto a la población civil como a la fuerza pública, por parte de grupos al margen de la ley y a puertas de elecciones tanto de congreso como presidenciales, genera un gran retroceso en el país y solo deja un ambiente de miedo en la mayor parte del territorio colombiano.
Es importante mencionar, que, aunque actualmente existe un acuerdo de paz entre el anterior gobierno nacional y un grupo guerrillero, muchos de los miembros de ese grupo al margen de la ley, se alzaron nuevamente en armas y hoy en día, dichas disidencias han retomado nuevamente ciertos territorios del país, ocasionándose una gran ola de violencia en estas zonas. Por lo que el Estado tiene la obligación de investigar, procesar y sancionar con penas adecuadas a los autores de esas graves violaciones a los derechos humanos, esta obligación, es una norma imperativa del Derecho Internacional y el Estado colombiano no puede renunciar a ella.
Y es que la implementación de ese acuerdo de paz, ha venido presentando serios problemas, entre ellos que el grupo guerrillero parte de dicho acuerdo, tomó fuerza política y también armada, lo que indudablemente ha generado que se haya fortalecido. Razón por la cual, tanto el actual como el próximo gobierno, deben plantear objetivos claros, entre ellos garantizar un equilibrio entre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para que no se siga reviviendo lo que paso años atrás en el país, donde habían constantes atentados terroristas y donde muchos colombianos tenían miedo de viajar por las carreteras, por temor a ser víctimas de algún grupo subversivo; y es que si no se garantiza la no repetición, es muy difícil que se pueda lograr la armonía en todos los territorios de Colombia, aunque es importante aclarar, que el acuerdo de paz realizado entre el anterior gobierno y este grupo subversivo, no constituyó el fin del conflicto ni la usencia de violencia, más aún cuando existen otras estructuras criminales que constantemente están al acecho en gran parte del territorio colombiano.
Por otro lado, parece injusto, que en algunos municipios no se pueda hacer política libremente, por temor a ser amedrentados o atacados, no solo por algunos grupos criminales, sino también por aquellos extremistas, cuyas ideologías hacen que sean intolerantes frente a quienes piensen diferente a ellos. Pero, ¿en qué momento pensar diferente al otro se convirtió en una razón para ser odiados en Colombia? Al parecer, algunos politiqueros se han encargado de generar odios y resentimientos entre los colombianos, influenciándolos de una manera equivocada y haciéndolos creer que no se puede aceptar que otra persona piense políticamente diferente a ellos, estos politiqueros, a través de patrañas y de frívolas promesas de campaña, han logrado tener dividido a gran parte del país, y hoy en día, dar una opinión diferente, es razón para recibir insultos e incluso amenazas.
