Ante los señalamientos de diversos actores del Sistema General de Seguridad Social que consisten en que la causa principal de la reciente crisis del sector es la insuficiencia de los recursos financieros, la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones de seguimiento y control preventivo a las políticas públicas, decidió hacer una revisión de las fuentes que están financiando el sistema, las funciones de cada uno de los actores que intervienen en su operación y los resultados que se están obteniendo; el panorama encontrado por el ente de control quedó plasmado en un estudio denominado “Financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. La Procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, dialogó con Hospitalaria sobre los principales hallazgos de ese organismo en la revisión a las finanzas del sistema de seguridad social en salud en Colombia. ¿Para la Procuraduría, cuáles son los aspectos más críticos en el manejo de las finanzas del sector salud colombiano? La Procuraduría, desde hace varios años, se ha interesado en la problemática de la salud en Colombia y ha evidenciado que hay una flagrante violación de los derechos fundamentales de los usuarios; el acceso a la salud es muy difícil en condiciones dignas y, en ese sentido, la Procuraduría ha hecho varios estudios y pronunciamientos sobre el derecho a la salud. Siempre hemos sostenido que la salud no puede ser un negocio manejado por sectores privados, donde se privilegia la parte financiera; la salud es un derecho y es un servicio público que pueden prestar los sectores privados, pero no como lo han venido haciendo. Este último estudio sobre el Financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, concluyó que Colombia es uno de los países que más recursos gasta en el sistema de salud; en 2011 fueron 43 billones de pesos y, a pesar “Plata hay, la falla del Sistema de Salud en Colombia es estructural” de ello la queja constante es que a las EPS no les pagan, que a los hospitales tampoco les llegan los recursos y que las entidades territoriales se quedan con el dinero; hay una serie de trabas en el flujo de recursos que en últimas afecta al usuario. Plata hay, el estudio que fue realizado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Javeriana Cendex, da cuenta de que en el sistema hay suficientes recursos, el problema es la tramitomanía y la intermediación que tranca el flujo de los mismos, pues la Ley 100 estableció un modelo basado en el mercado de oferta y demanda en el que se privilegia al asegurador y no al afiliado. Nosotros reconocemos que se han conseguido avances con la afiliación de más de 37 millones de personas en los regímenes contributivo y subsidiado; la afiliación ha aumentando, todos tienen su carnet, pero la carnetización no es sinónimo de acceso. ¿Dónde se está quedando la plata del Sistema de salud, según los hallazgos de la Procuraduría? Los recursos no fluyen por una serie de trabas administrativas o por intereses ajenos al interés público; es decir, las entidades manejan el dinero irregular e ineficientemente y a pesar de, que se han hecho esfuerzos como el giro directo a los hospitales, algunas entidades territoriales se quedan con la plata, no se la entregan a los hospitales como debe ser, y las EPS reciben los recursos, pero no giran y no garantizan la prestación de los servicios porque, según ellas, dichos servicios la mayoría de veces están fuera del POS y, entonces, la acción de Tutela se convirtió en la única forma para que la gente acceda a los servicios de salud. Los recursos de la salud también están en el sistema financiero en títulos de la nación; hay una serie de problemas que están afectando gravemente el acceso a los servicios de salud. En esta publicación sacamos en blanco y negro las obligaciones que tienen cada una de las Diana Margarita Ojeda, Procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, La entrevista marzo-abril de 2012 35 entidades para que la plata no se quede estancada y se estable – ció un cronograma de acuerdo con lo determinado en la Ley, para que cada uno cumpla con lo suyo y se pueda verificar que los recursos lleguen a los que tienen que llegar y en el tiempo que debe ser. Tomamos todos los recursos que conforman el Sistema de sa – lud, tanto de esfuerzos propios como los giros de la nación, los del régimen contributivo y los del anterior Fosyga, y se determi – naron todas las medidas preventivas que deben darse para que fluyan los recursos y las acciones correctivas que en un momen – to dado deben aplicar los organismos de inspección, vigilancia y control. Se establece quién es el responsable, qué debe hacer, las variables que se pueden presentar y las metas que deben cumplir; es un trabajo práctico para que cada una de las entida – des sepa lo que tiene que hacer, Nosotros no somos los que cumplimos la política pública, pero si la tenemos que hacer cumplir; entonces, también fijamos las obligaciones para hacer el seguimiento a los recursos, de tal forma que fluyan como debe ser y evitar que cojan mal camino. Ustedes le recuerdan a cada actor del sistema que maneja recursos lo qué debe hacer, como esta previsto en la Ley. ¿La Procuraduría impone algún tipo de sanción si no se cumplen? Si no se cumple con las obligaciones legales que le correspon – de a cada una de las entidades, vendrán las acciones correctivas del caso que están previstas; de hecho, pueden llegar a tomarse medidas disciplinarias o de otro tipo si es necesario. ¿Ustedes han señalado que hay fallas en la regulación del Sistema, cuáles son? Es un sistema que tiene tantas fallas es necesario que el Esta – do asuma la regulación como una función pública indelegable, la cual exige una gran capacidad de liderazgo, gestión y planeación. El alto número de Decretos, Resoluciones, Circulares -contra – dictorias en muchos casos-, generan confusión e incertidumbre. La norma fue hecha para beneficio de los mercados, del área financiera del sistema y permite la contención de recursos, inclu – sive hay estímulos para las EPS: entre más ahorre usted, mejor le va y ellos ahorran en detrimento de las obligaciones que tienen que cumplir con las Instituciones Prestadoras de Servicios de sa – lud y de los usuarios, pues aunque se crearon mecanismos para no acudir a la tutela, su uso sigue siendo recurrente en salud. Las personas siguen haciendo uso de este recurso para recibir tratamiento, cirugías, medicamentos; entonces, sigue siendo el derecho fundamental a la salud a ruego. Los ciudadanos sólo reciben negativas porque supuestamente no hay plata o por – que lo que demandan no está incluido en el POS, pues el Plan de beneficios se ha dejado a la interpretación del asegurador. La entrevista 36 marzo-abril de 2012 Usted señala que el Sistema crea incentivos, ¿cuáles? Los mismos vacíos regulatorios. A pesar de que entre 1993 y el 2010 se expidieron más de 630 normas en materia de salud -algunas confusas y contradictorias-, siguen dándose vacíos por que las fallas son de tipo estructural y estos vacíos permiten que determinados actores del sistema se favorezcan. El sistema de Inspección vigilancia y control, es decir, la Superintendencia Nacional de Salud, no es fuerte como lo requiere este modelo de mercado; además, hay fallas como las IPS de garaje, la multiafiliación, que también ha denunciado la Procuraduría. Este es definitivamente un modelo que no resiste más. El Congreso de la República ha dicho que en la última reforma, que dio origen a la Ley 1438, se legisló para combatir estos problemas. ¿Mejoró en algo esta situación? La reforma generó más recursos, modificó el flujo, creó mecanismos para giro directo; sin embargo, se siguen quejando todas las instituciones porque los recursos no llegan y a muchos de los pacientes no se les brindan los servicios con oportunidad; las EPS dicen que no les alcanza la plata, dicen que es un mal negocio, pero a la vez pelean por su negocio. No obstante que existen fallas regulatorias, hay fallas estructurales como todo el mundo lo reconoce, como la misma Corte Constitucional lo ha dicho y como lo han aceptado los últimos Gobiernos. En ejercicio de nuestras funciones constitucionales y legales, desde hace mucho tiempo venimos diciéndole a los principales actores del Sistema que el modelo no está funcionando, que está afectando los derechos fundamentales de los usuarios, que no se está prestando el servicio de salud en condiciones dignas, como lo exigen las normas internacionales y nuestra Constitución y que plata sí hay, porque así lo han demostrado los estudios; muchos recursos van para el sistema de salud, pero no fluyen o se han utilizado en forma irregular o ineficiente y es ahí donde la Procuraduría también ha entrado a adelantar las investigaciones a que hay lugar. Mientras no se aborden las fallas estructurales y se resuelvan los vacíos que existen y que favorecen en un momento dado a las EPS, seguiremos en esta misma problemática, el Gobierno seguirá haciendo ingentes esfuerzos para poder conseguir recursos y permanecerán las fallas. Entonces, ¿se debería cambiar el modelo actual? La Procuraduría no puede decir cuál es el modelo que se debe aplicar, porque nosotros no somos coadministradores. Nosotros decimos que el modelo no funciona y lo han dicho también la Corte Constitucional y los estudios de expertos en la materia. Hay una falla estructural, y cuando esto pasa es porque las normas no tienen vocación de aplicabilidad. La Ley puede ser perfecta en su literatura, porque busca cobertura, universalidad, equidad, y eficiencia, pero nadie cumple con su función como debe ser y como lo ordenan los postulados constitucionales y legales. Donde existe un sector que mira la salud como un negocio, antes que como un servicio; donde el tema médico se relega a un sándwich entre un asegurador y una IPS y donde vale más el ahorro de un recurso que la pericia médica científica, hay una clara muestra de que existen fallas estructurales; además, cuando la norma necesita tantas reglamentaciones para ser aplicada, hay una deficiencia desde el punto de vista estructural. Cuando se necesitan órdenes judiciales para que se pueda dar la prestación del servicio, cuando a la misma Corte Constitucional le tocó expedir la sentencia T-760 para que el Gobierno y los diferentes actores le cumplan al país con el verdadero derecho a la salud, estamos ante fallas estructurales. Si los recursos se pierden y hay muchas investigaciones penales, y la plata se utiliza en otras cosas, hay fallas estructurales. Un modelo de economía de mercado para prestar servicios de salud que constantemente da cuenta de la violación de los derechos fundamentales y del no pago de las obligaciones que tienen a su favor los prestadores, es un Sistema que esta fallando. De acuerdo con esto, ¿quiénes deben hacer el mayor esfuerzo para cumplir con su función? El organismo de Inspección, Vigilancia y Control, que es la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud y la Protección Social, no dejando la regulación en manos de los privados, asumiendo el tema de la salud pública, fortaleciendo las bases de datos para evitar todo el tema de los abusos y fraudes en las afiliaciones. Haciendo cumplir la Ley. ¿Cuál es el compromiso de la Procuraduría luego de los hallazgos que arrojó el estudio? El trabajo que se desprende de aquí son las solicitudes, los requerimientos, de acuerdo con las obligaciones legales que tiene cada uno de los organismos; esto pone en blanco y negro la tarea de cada uno y da cuenta de una serie de fallas en la operación del sistema. Pero ante esto deberá tomar medidas el nuevo Ministerio de Salud Por más que se diga que este sistema de salud es uno de los mejores modelos del mundo, que tiene cubrimiento total; esta cobertura en carnet no es todavía una universalización en los servicios de salud, que es lo que nos corresponde mirar y con base en esto cumpliremos nuestras funciones
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