Uno de los activos y reconocimientos más importantes de la Constitución del 91 fue precisamente la inclusión de las mal llamadas “minorías” sociales en Colombia, en su derecho legítimo, entre otros temas, de la participación política.
Colombia hasta este momento tenía una penosa historia de excusión y rechazo a sectores como los campesinos, indígenas y negros, así como a las mujeres a quienes marginó por décadas de la posibilidad de hacer parte de las grandes transformaciones sociales a través del ejercicio político.
Lo anterior traduce que ante el reconocimiento de la Carta Magna, estas minorías tendrían la posibilidad de hacer las alianzas y movimientos necesarios para ejercer su derecho, y de esta manera legislar para ellas con el firme propósito de hacer de Colombia un país más justo y equitativo.
Sin embargo no pensaron que antes tenían que enfrentarse a quienes no les interesa dicha participación porque creen que estas clases sociales no son dignas de pertenecer a las altas esferas, tal vez por no tener los apellidos de tradición, y por supuesto prefieren mantenerlas en el ostracismo y en el olvido como el que se encuentran hoy sus territorios.
La pelea no ha sido fácil ya que por mucho tiempo los indígenas, campesinos y afros fueron considerados ciudadanos de quinta categoría y de ahí el atraso absurdo de sus territorios, donde el ausentismo del Estado le ha dado paso a la ilegalidad representada en movimientos subversivos o de delincuencia como la única forma de subsistencia.
Estos temas los ratifican funcionarios como Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral y Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente de la Cámara de Representantes al hacer todo tipo de maniobras para que partidos políticos como el Movimiento de Inclusión y Oportunidades MIO, a pesar de su legítimo derecho dado por la Constitución y ganado en la urnas de manera democrática donde obtuvo el mayor número de votos en la elección de la circunscripción especial de comunidades ofrodescendientes, no cuente con personería jurídica para el periodo 2014- 2018, y donde Heriberto Arrechea Banguera consiguió el derecho a ocupar una curul por haber obtenido la primera votación en esta lista.
Funcionarios como los anteriores parecen pertenecer a los tiempos de la Colonia donde el racismo y la esclavitud hacían parte de la manera de gobernar un país. La segregación racial marginó a muchos colombianos con todas las capacidades para contribuirle a nuestro país y evitar que hoy estuviera saliendo de uno de los conflictos internos más largos originados precisamente por la exclusión por parte de las clases sociales y políticas predominantes.
Colombia después de un largo periodo de análisis de su realidad intenta reivindicar al campo como un país que tiene su origen en los territorios, a través de reconocer a sus indígenas, campesinos y afros como parte fundamental de los procesos de pacificación y oportunidades.
Es por eso que actitudes como las de Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral y Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, deben ser rechazadas y sancionadas por la Ley, así como lo reconoció el Juzgado Primer Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo quien sentenció para estos personajes por desacato a una tutela, arresto por 20 días y una multa de 20 salarios mínimos.
La Geopolítica del Garrote: ¿Solución o Escalada en la Lucha Antidrogas?
La reciente advertencia del expresidente estadounidense, Donald Trump, de que países involucrados en el narcotráfico, nombrando explícitamente a Colombia y...
