La Procuraduría General de la Nación les dejó en claro a los servidores públicos que en ningún caso aceptará la promoción de causas políticas que puedan afectar o comprometer el ejercicio de las funciones que les correspondan.
A 13 meses de las elecciones parlamentarias y 15 de la primera vuelta presidencial, el ente de control emitió un duro comunicado “con el propósito de garantizar la transparencia en el proceso electoral que se avecina”.
La Procuraduría advirtió a estos funcionarios dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, y satisfacer las finalidades de la función pública. “Debe darse estricta aplicación a lo consagrado en el artículo 127 de la Constitución Política, el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y el artículo 48, numerales 39 y 40 de la Ley 734 de 2002, en cuanto a las prohibiciones que se establecen para los servidores del Estado”.
Aduce que, “en aras de garantizar la transparencia, la moralidad pública y la imparcialidad, los servidores del Estado deben adecuar su conducta a los más estrictos parámetros de comportamiento ético, de tal forma que en ningún caso intereses partidistas o propios afecten de alguna forma, sus decisiones y desenvolvimiento funcional”.
En el pronunciamiento, el ministerio público expone que “no basta con cumplir el régimen de inhabilidades para aspirar a ocupar cargos de elección popular, definidos por la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, sino que se les exige en el Estado Social de Derecho, integridad y pulcritud máximas para prevenir todo tipo de distorsiones que confundan a los ciudadanos o que puedan afectar la función pública”.
Asegura que será vigilante de que bajo ninguna circunstancia el Estado se convierta en tribuna para obtener ventajas electorales. “Una cultura de la transparencia se consolida con la depuración de las costumbres políticas y en ello, los servidores públicos son los primeros que deben dar ejemplo. La verdadera paz nace del voto libre para fortalecer la democracia”.
En tal sentido, la Procuraduría instó a los servidores públicos que aspiren a ocupar cargos de elección popular y ostenten el ejercicio de la función pública, en todos los niveles y especialmente en el ámbito directivo de las entidades estatales, a separarse de sus cargos con la adecuada y suficiente antelación.
“El fortalecimiento de la democracia exige el cumplimiento de las reglas electorales. La Procuraduría garantizará un proceso electoral con reglas de juego claras y transparentes e impedirá comportamientos que minen la confianza ciudadana e impacten desfavorablemente el ejercicio de la función pública y, de alguna manera, rompan las necesarias condiciones de equilibrio, igualdad e independencia que demanda la sociedad y que son necesarias para el debate electoral”, recalca el comunicado.
Y concluye: “La Procuraduría General de la Nación vigilará la conducta de quienes proviniendo de la función pública decidan participar en el debate electoral, para que ella se ajuste a las exigencias normativas y al respeto a los intereses superiores de la sociedad”.
