El Acto Legislativo 03 de 2017 permite garantizar la inscripción del movimiento político y su personería jurídica, un régimen de financiación estatal, la posibilidad de inscribir candidatos y listas a cargos, entre otros.
Este miércoles se realizará la audiencia pública a la que citó la Corte Constitucional en el marco de la revisión de la reforma constitucional, que permite a las Farc tener un partido o movimiento político, una vez termine la dejación de armas.
Dicha reforma, Acto Legislativo 03 de 2017, permite la reincorporación política de las Farc, garantizando la inscripción del movimiento político y su personería jurídica, un régimen de financiación estatal, la posibilidad de inscribir candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular, entre otros.
Además, señala que para los periodos al Congreso del 2018-2022 y 2022-2026, las Farc podrán tener cinco curules en la Cámara de Representantes y, si no alcanza curules en la votación al Senado, se le entregarían cinco.
Esta reforma constitucional está en manos del magistrado encargado Iván Escrucería, quien consideró necesaria la audiencia pública para tener mayores herramientas para fallar y en tres aspectos centrales, la conformación del partido de las Farc, la financiación del partido y del centro de pensamiento de las Farc y de la campaña política para las elecciones legislativas y presidenciales del 2018 y 2022; así como sobre la inscripción de listas únicas de candidatos propios y la asignación de curules en Senado y Cámara.
Sobre el partido de las Farc, en concreto, la Corte pregunta sobre qué justifica el reconocimiento de personería jurídica a un partido que nunca antes ha participado a un certamen electoral, sí esto es razonable o no, entre otros.
“¿Cuál es el mecanismo de verificación para que el partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad política legal cumpla con el principio constitucional del pluralismo y a su vez el “compromiso con la equidad de género, conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna”?”, preguntó la Corte.
Sobre la financiación, la Corte pregunta sobre las implicaciones que tendrá en el presupuesto general “la financiación preponderantemente estatal del centro de pensamiento, del partido o movimiento político que surja” de las Farc y de las campañas; así como el impacto que esto tendría frente a otros movimientos minoritarios y los mecanismos de control a esa financiación.
Sobre la inscripción de listas, la Corte pregunta sobre las implicaciones de que el Consejo Nacional Electoral asigne hasta cinco curules ordinarias en el Senado y en la Cámara, a los candidatos de la lista del partido de las Farc, en relación con los demás partidos políticos.
“¿Qué consecuencias jurídicas se derivan de la imposición de una condena en la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular por parte de quien haya sido combatiente de las Farc-EP?”, añadió la Corte, quien también cuestiona sobre qué pasa si un desmovilizado desconoce las medidas del Sistema Integral y cómo se hará esa verificación.
“¿Qué garantías le son aplicables en los medios de comunicación social para el partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad política legal en cuanto a espacios gratuitos en radio y televisión?”, añadió la Corte.
Para responder las preguntas de estos tres ejes temáticos fueron citados el ministro del Interior, Guillermo Rivera; Jorge Enrique Guzmán, de la Misión Electoral Especial; Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral; Tod Howland, de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Elizabeth Ungar, de la Universidad de los Andes; el representante Telésforo Pedraza; el exalto comisionado para la Paz Camilo Gómez y Adriana Benjumea, de Sisma Mujer.
Igualmente, fueron citados el Consejero para el Postconflicto Rafael Pardo; el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar; Nicolás Farfán, director de gestión electoral de la Registraduría; Rosa Inés Ospina, presidenta de Transparencia por Colombia; el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez; Francisco Toloza, del movimiento Voces de Paz; Ximena Ochoa, de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc; el expresidente de la UP, Oscar Dueñas; Angélica Lozano, del Partido Verde; Manuel Enríquez por el partido de La U; y Alfredo Rangel, por el Centro Democrático.
