En Colombia, el desayuno diario de sus ciudadanos son los escándalos de corrupción que cada mañana les sirven a su mesa los medios de comunicación. Corrupción rampante que parece haber desbordado cualquier límite moral posible.
Hablar ampliamente de la corrupción y su naturaleza; reflexionar serenamente sobre ella, sacarla más allá del escándalo mediático, ha de ser una tarea impostergable si se quiere, por lo menos, empezar a dilucidar mecanismos serios y de apropiación social que trasciendan la esfera de la retórica gubernamental y la ineficacia jurídica. Mecanismos de censura y repudio social que nos ayuden a detener semejante cáncer que corroe las entrañas del cuerpo administrativo y que viaja con desfachatez por la linfa de todo el poder público. Hay que hablar, y mucho, de la corrupción, porque ésta, y quienes la ejercen, representa un ataque despiadado contra las eternas leyes de la Justicia, y, por ello, quedarse callado representa una forma vergonzosa de consentimiento con ella.
En opinión de la mayoría de ciudadanos, el problema que más afecta a los colombianos, es la desbordada corrupción imperante en el país; que se traga los impuestos que pagamos los ya atribulados contribuyentes y que carcome los cimientos democráticos del Estado, invadido por el cáncer de la corrupción en todo el territorio, que se refleja en la pérdida de confianza de los gobernados.
De otra parte, el ciudadano asocia la corrupción con la política, en confabulación con funcionarios del estado y contratistas. La corrupción pasó de coyuntural a estructural o endémica. Desafortunadamente, este insignificante problema con el transcurso del tiempo se transformó en pandemia en toda nuestra geografía.
Los gobiernos de derecha, centro, izquierda e independientes, no han sido ajenos a actos de corrupción. El establecimiento y la sociedad colombiana deben tener conciencia de la descomunal corrupción, con el fin de enfrentar este flagelo y extirparlo, para así, volver a la cultura de la legalidad y de la transparencia pública; para -de paso- darle legitimidad a la democracia. La captura esta semana de Luis Gustavo Moreno es uno de esos hechos que sacuden hasta sus cimientos al país, desafortunadamente habituado a remezones como este.
Además, venía de ser el apoderado de políticos de la talla de Luis Alfredo Ramos y de asesorar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara donde accedió a procesos contra el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe y el exmagistrado Jorge Pretelt. Los magistrados de las cortes deben rendirles cuentas a la academia, los medios y el país. Es su obligación como lo es la de todos los servidores públicos.
En tiempos en los que el desvanecimiento del conflicto armado ha permitido apreciar mejor la dimensión de la amenaza que la corrupción representa para las instituciones, saber que uno de los principales responsables de combatirla era también, presuntamente, un exponente de esta causa; qué desconsuelo, en el mejor de los casos.
Han sido varias las manzanas podridas que en el último tiempo han caído del árbol, salpicando la confianza de la gente en las instituciones, lo cual es tan preocupante como inevitable; como decía nuestro escritor García Márquez, está loca sin calzones es de las que “confunde el culo con las témporas”. Autor del libro el falso testimonio, que incluyó entrevistas a cuatro políticos afectados por falsos testigos: Nancy Patricia Gutiérrez, Gabriel Arango Bacci, Luis Fernando Velasco y Sigilfredo López; dos exfiscales, Mario Iguarán y Guillermo Mendoza; Luis González, entonces director de Justicia y Paz; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; el editor general de El Espectador, Jorge Cardona, y los integrantes de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, Yefrín Garavito y Carolina Gutiérrez.
Ese libro fue su carta de presentación nacional y su lanzamiento, con bombos y platillos, y la ratificación de su ingreso a las altas esferas del poder político y jurídico. Esto es solo un grano de arena en el desierto de los corruptos. Los peces gordos siguen haciendo política, perpetuados en el cargo y paseándose por las pasarelas del mundo con aires de superioridad con el dinero público de los colombianos y aupados por una masa ignorante y fanática.
Señor fiscal, haga cumplir la exigencia de su extradición y que Estados Unidos siga permitiendo que los corruptos se refugien en su territorio y en que esa nación lleve a cabo su operación de lavados de activos, pues es tanto como convertirse en cómplice. Estados en reciprocidad lo que deben hacer es, cancelarle la visa a todos esos que llegan allá como en paracaídas y deportarlos.
En la Fiscalía, según datos recientes, ya hay más de cincuenta capturas ejecutadas en los últimos meses, los asesores y algunos exministros del presidente Santos están también capturados o con procesos penales que muestran la gravedad de la situación y las alturas a las que ha llegado la comisión de crímenes y delitos contra el dinero de los colombianos, el escándalo reciente del segundo secretario del senado y el evidente poder que tiene sobre todas las ramas del estado muestran el alcance de tales redes de corrupción ¿Si fue el único que pasó el polígrafo y era el más corrupto de los anticorrupción? Al parecer el señor Moreno no lamenta sus actos criminales sino la torpeza en la ejecución de los mismos por haberse reunido personalmente con el señor ex gobernador de Córdoba.
Lágrimas de cocodrilo, este debe ser de aquellos que hacían copialina en todos los exámenes de la universidad, es solo un tinterillo que da vergüenza, y es otra muestra de la corrupción en nuestro país. Que les castiguen donde más les duele en el bolsillo, extinción de dominio a su esposa a su familia a sus compañeros de fechorías asociados de oficina acostumbrados a manipular el poder no se contentan con sus estrambóticas pensiones, se asocian y abren oficinas con sus parientes; cobran exorbitantes honorarios y estos socios manipulan el poder para sacar suculentos fallos, bien que raticas, hay que fumigarlos repito donde más les duele en el bolsillo extinción de dominio para todos los que directa e indirectamente exprimen el poder. Qué desgracia con esos bandidos, nuestro país ya estaría construido si no fuera por estos malditos corruptos.
En cuanto al tema de la corrupción, tal y como lo sentenció Álvaro Gómez Hurtado, en pleno proceso 8.000: “El problema de la corrupción no es Samper, pues la corrupción es y está en el Régimen”. Un Régimen político-Jurídico-Judicial y electoral.
Es necesario que se le diga al país quién recomendó a este abogado para este cargo. Quien lo recomendó, pero más grave aún quien lo aceptó y no objetó, sabiendo quién era. Claro que no objetaron porque sabían quién era, mucho desgaste y recursos perdidos por voluntad de los jefes de este. Si no es por la DEA no se estaría arrepintiendo de absolutamente nada este peligroso corrupto y gozando de lo lindo con la mujer.
La tapa de año fue la detección de magistrados y jueces del Meta, que orquestaban corrupción. Ahora, ningún poderoso quiere que le recuerden que alguna vez le creyó a Moreno, quien, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser el cazador de la corrupción a ser cazado por el mismo asunto.
Una revisión a la realidad nacional y local de los últimos tres años, nos indica que ésta se halla cubierta por el manto espeso de la corrupción. Cualquier titular de prensa sugiere en el lector la sospecha de que al país, a nuestra ciudad, una clase privilegiada, enquistada en el poder, se lo está feriando inmisericordemente. Veamos este breve recuento:
En el 2011, la Contralaría General de la República explotó en la cara de los colombianos el escándalo de Saludcoop por el cual se conoció que Carlos Palacino- quien se autofacturaba un sueldo superior a los 200 millones de pesos mensuales,-y su equipo directivo en la EPS, habían desviado más de 1,4 billones de pesos correspondientes a la salud de los colombianos. Esta semana, los medios registraron lo que se conoció como “el segundo saqueo a Saludcoop”. Al parecer, su agente interventor, Guillermo Grosso, se dedicó a terminar de desmantelar a la desvencijada EPS y a propiciarse lujos personales más propios de un narcotraficante que de un custodio del patrimonio público.
Los ahorradores privados tampoco se han salvado del enquistamiento social de la corrupción. Al escándalo populachero de las pirámides de DMG se sumó en el 2014 el de los flemáticos dueños de Interbolsa. Mediante fondos fachadas, autopréstamos y otras pilatunas financieras, Víctor Maldonado, Alessandro Corridori y Juan Carlos Ortiz, entre otros; desaparecieron más de un billón de pesos dejando como víctimas a cerca de 1.260 inversionistas.
Un informe reciente de la Contraloría de la Republica reveló una pérdida de $112.073 millones de pesos, girados a los departamentos, provenientes del Sistema General de Regalías. Mientras desaparecían estos recursos, para vergüenza nacional, y como un ataque artero contra las eternas leyes de la Justicia, decenas de niños morían de desnutrición en la Guajira.
Para finalizar, las últimas semanas resultaron inundadas de denuncias por hechos de corrupción. Paralelo a sus líos horizontales, el máximo jerarca de la Policía nacional, Rodolfo Palomino, fue acusado de poseer propiedades en inmuebles, con pruebas contundentes que, llevan a presumir, se habría enriquecido ilícitamente.
Por su parte, el despilfarro Reficar mostró, a las claras, que para desaparecer 7 billones de dólares, en Colombia solo se necesitan la oportunidad, funcionarios pusilánimes y un par de buenos bandidos de cuello blanco. A lo anterior, habría que sumarle los escándalos, Fonculpuertos y Dragacol, el saqueo a las finanzas de Bogotá de los Moreno Rojas- Nule y las reiteradas acusaciones por enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias contra los hijos del expresidente Álvaro Uribe V., quienes, al parecer, inexplicable pero si ‘clarividentemente’, a punta de vender ‘manillitas’ y reciclar papel higiénico, pudieron comprarse, en tiempo record, rentabilísimos terrenos en el occidente de la Sabana de Bogotá.
Sin embargo, la corrupción no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. El primer hecho de corrupción del que se tenga registro escrito fue narrado por Platón en su dialogo, Critón, referido éste al soborno que se le ofreció al guardián que custodiaba a Sócrates en su presidio para que lo dejase escapar tras un juicio amañado.
Al enterarse del delito, y de la posibilidad que tenía con él de eludir su ejecución, Sócrates, pese a su inocencia, se niega a escapar por respeto reverencial a las mismas leyes de Atenas que lo condenaron a morir. Virtuosamente, enfatiza que: “lo legal y las leyes, la virtud y la justicia son lo que más dignifican al hombre”. Precisamente las mismas eternas leyes de la justicia que invocó Edmund Burke en Inglaterra, y que en este país, azotado por la corrupción, hace rato perdieron su imperio, dejando de existir, estranguladas entre las manos de unos corruptos desvergonzados.
Columna de Carlos Alfaro Fonseca/ Abogado
