Las lesbianas latinoamericanas todavía enfrentan un desafío elemental: tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Factores distintos, pero muy presentes en América Latina, conspiran en contra de la libertad de las mujeres homosexuales: la religión, los valores morales heredados y las exigencias de los modelos familiares. Para las lesbianas aún no es posible vivir su elección sexual y afectiva sin violencia ni coacción.
Un estudio traza un mapa de los logros y retos en materia jurídica en la región. De México a Argentina hay condiciones distintas. Por un lado, hay países —Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia— en los que se conceden derechos civiles plenos (matrimonio, seguridad social, legislación favorable, fertilización asistida y adopción) a la comunidad homosexual, pero hay otros —Chile, Ecuador y Guyana Francesa— en donde solo existe la figura legal del concubinato. En Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Cuba, República Dominicana, Haití, los países centroamericanos y Surinam no se reconoce ninguno de los derechos antes mencionados. En este panorama desigual de derechos hay un caso radical en las Américas: Guyana es uno de los 72 países del mundo que contempla cárcel o muerte para los homosexuales.
En el continente se han hecho avances innegables, pero también hay retrocesos. En los últimos años ha habido una resistencia cada vez mayor a los avances jurídicos por la libertad sexual. La antropóloga Gloria Careaga lo ha observado en México: algunos sectores de la burguesía se han aliado con redes religiosas y políticas que buscan dar marcha atrás a las victorias legales de la comunidad homosexual. En noviembre de 2016, el congreso mexicano rechazó la iniciativa para que se reconociera formalmente el matrimonio igualitario en todo el país, por lo que las lesbianas pueden casarse solo en ciertas entidades federales, pero en otras no.
Otro caso revelador es el de Venezuela. En un contexto marcado por el militarismo y la impronta socialista cubana —homofóbica de origen—, algunos grupos evangélicos han logrado bloquear las iniciativas legislativas LGBT. El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, han torpedeado el quehacer legislativo. De nada le ha servido a la oposición tener en sus filas a la única diputada transgénero de América Latina, Tamara Adrián, y al diputado y activista gay Rosmit Mantilla. Aun con ellos ha sido imposible conseguir el apoyo necesario para implementar reformas jurídicas que permitan la libertad sexual en Venezuela.
La tradición populista de América Latina ha puesto el acento en las reivindicaciones económicas y sociales por encima de las libertades individuales y los derechos humanos. La izquierda populista de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, de Evo Morales o Daniel Ortega ha sido renuente a impulsar reformas que garanticen la libertad sexual. En el caso de mi país, Venezuela, algunos analistas han dicho que el tema es propio del primer mundo o, simplemente, es irrelevante para la mayoría de los ciudadanos.
Es indispensable decirlo: incluso cuando se cuenta con una legislación favorable, sigue existiendo discriminación hacia las lesbianas en América Latina, sobre todo en ciudades pequeñas y áreas rurales. Una consideración más: el estado de vulnerabilidad de las lesbianas se acentúa por el origen étnico, la condición de inmigrante o la pobreza. Aún hay largo camino por recorrer.
Lo más crítico es que todavía se pueden revertir los logros obtenidos hasta ahora. En Brasil han resonado las ideas del candidato conservador Jair Bolsonaro, al que llaman el “Donald Trump brasileño” —acusado de homófobo, misógino y racista—, y hace un mes cientos de brasileños protestaron por la presencia de Judith Butler, la filósofa estadounidense experta en temas de género y sexualidad. “¡Quemen a la bruja!”, gritaban los manifestantes.
Las recomendaciones de la ONU para evitar la discriminación por razones de género, identidad y orientación sexual han sido ignoradas en muchos países en América Latina. Lo mismo las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional sobre la discriminación civil y los crímenes de odio como la violación “correctiva”. Incluso en algunas democracias europeas se ha registrado un alto porcentaje de lesbianas víctimas de discriminación laboral, acoso sexual, rechazo familiar y violencia verbal o física.
¿Qué acciones deben tomarse?
En los países en los que se han hecho avances sobre derechos civiles —como Argentina y Uruguay— las recomendaciones de expertas como Magdalena Siegel y Maria von Känel son pertinentes. Para aumentar la visibilidad lésbica en el espacio político y los medios —menor que la de sus pares masculinos—, se puede incentivar la investigación interdisciplinaria. Se necesitan políticas distintas a las dirigidas a las mujeres heterosexuales que entiendan la doble discriminación recibida por las lesbianas: como homosexuales y como mujeres. Tales políticas deben abordar temas como seguridad personal, salud sexual y reproductiva, y participación en el mundo educativo y laboral, sobre todo en el caso de las jóvenes rechazadas por su familia.
Pero en los países en donde todavía no se han alcanzado los derechos civiles esenciales la lucha de las lesbianas, como la de todas las minorías sexuales, podría enmarcarse en los objetivos de las corrientes políticas que defiendan los derechos humanos.
Esta lucha se inserta en una batalla más ambiciosa, pero también más elemental: la defensa de la libertad como conquista democrática. Las lesbianas conforman un sector de la sociedad que demanda igualdad ante la ley. Pero también se trata de convertir una opción sexual y afectiva en un estilo de vida socialmente aceptado. Esta demanda es una interpelación a los líderes políticos y a la sociedad civil, es una demanda de origen democrático: exige preservar la separación entre la iglesia y el Estado, el respeto a las minorías y que priven los derechos humanos en vez de los prejuicios disfrazados de tradición cultural.
El temor a la reacción de los votantes conservadores a lo largo de América Latina es síntoma de una profunda debilidad democrática: significa que los derechos humanos quedan sometidos a las encuestas de popularidad. La vida democrática, plural y diversa, parte de la idea de que todos tenemos los mismos derechos. Ya es hora de que las lesbianas los tengan.
tomado // www.nytimes.com/
