El reciente secuestro y posterior liberación de cinco ciudadanos colombianos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es más que un simple incidente de extorsión. Este caso, que pudo haberse diluido como un episodio aislado de préstamos «gota a gota», en realidad nos confronta con un fenómeno mucho más profundo y preocupante: la creciente participación de colombianos, incluidos exintegrantes de la fuerza pública, como mano de obra criminal y combatientes en conflictos internacionales.
El hilo conductor entre un cobro violento en México y una trinchera en Ucrania es el mismo: la exportación de un capital humano violento. Ciudadanos colombianos, muchos de ellos con entrenamiento militar especializado en el conflicto interno del país, están siendo reclutados por redes criminales y mercenarias alrededor del mundo. La promesa de altos ingresos y la falta de oportunidades en su país natal se convierten en el motor que los lleva a cruzar fronteras.
En México, hemos visto cómo exmilitares colombianos no solo se vinculan a actividades de cobro de deudas, sino que también operan como instructores de tácticas de combate para carteles del narcotráfico. En Haití, la participación de un comando de exsoldados colombianos en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 demostró la capacidad de estos grupos para llevar a cabo operaciones de alto perfil. Y en Europa del Este, combatientes colombianos han sido reclutados por ambos bandos en la guerra entre Ucrania y Rusia, participando en misiones de asalto y manejo de armamento pesado.
Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, afecta la imagen de Colombia en el escenario internacional, asociando al país con la violencia y el crimen organizado. Pero más allá de la reputación, esta «exportación de la violencia» desestabiliza regiones enteras, fortaleciendo a grupos criminales y prolongando conflictos armados. El caso de Tlajomulco, aunque resuelto, debe servir como una señal de alarma. Es un recordatorio de que la violencia no conoce fronteras y que los problemas internos de un país pueden tener un eco global.
Es crucial que las autoridades colombianas y la sociedad en general enfrenten este problema con seriedad. Se necesita una estrategia integral que aborde las causas de este fenómeno, como la falta de oportunidades laborales para los exmilitares, y que fortalezca la cooperación internacional para desmantelar estas redes de contratación criminal. De lo contrario, seguiremos viendo a colombianos, que alguna vez sirvieron a su país, convertirse en engranajes de la maquinaria del crimen organizado en cualquier rincón del planeta.
