Los contratos con la firma de Natalia Springer, los agarrones con la prensa e incluso el anuncio de imputación de cargos a la actriz Carolina Sabino por el delito de aborto fueron algunos de los desatinos que se cometieron mientras Montealegre ejerció como fiscal general. Después del presidente, con el mismo fuero, el fiscal general es el funcionario más poderoso de Colombia. Con esta condición, hace cuatro años asumió el penalista Eduardo Montealegre, quien desarrolló un polémico mandato de exceso mediático, confrontaciones públicas, cuestionadas contrataciones y afán por intervenir en asuntos políticos ajenos a su órbita constitucional, como defensor de la política del Estado contra el delito y las organizaciones al margen de la ley. Montealegre tendrá su propio balance, pero el de la opinión pública no es el mejor. Como sus antecesores, nada va a afectarlo judicialmente en el futuro. Con seguridad va a ser nombrado como embajador de Colombia en Alemania y su segundo, Jorge Perdomo, quedará al frente de la Fiscalía por un buen rato. Al menos mientras el presidente Santos desarrolla su anunciado proceso de meritocracia y después de él se decide a presentar la terna ante la Corte Suprema de Justicia. Estos son algunos de los capítulos más controvertidos de la gestión Montealegre. 1. El desatino de una nariz Después de siete años de cautiverio impuesto por las Farc, durante el cual fueron asesinados once de sus compañeros de la Asamblea del Valle, el exdiputado Sigifredo López fue arrestado por orden de la Fiscalía en mayo de 2012, por su supuesta participación en el secuestro de sus colegas. La prueba reina para ordenar su detención fue un video en el que se veía una nariz “parecida” a la suya. Posteriormente, la Fiscalía aceptó el error y se disculpó. La dura experiencia llevó a López a constituir una organización para denunciar a los falsos testigos que han convertido a la justicia en blanco de sus manipulaciones. 2. Una actriz y el delito de abortar Mientras el escándalo por los contratos de Natalia Springer estaba en pleno furor, la oficina de prensa de la Fiscalía hizo público que a la actriz Carolina Sabino le imputarían el delito de aborto. Las críticas aparecieron de inmediato. Se cuestionó, sobre todo, la falta de privacidad exhibida. Montealegre dijo que investigar a Sabino era un despropósito y él mismo asumió la investigación. A los dos meses archivó el proceso, aunque el daño ya estaba hecho. También manifestó públicamente que radicaría un proyecto de ley –que hasta el momento no ha sido presentado en el Congreso– para despenalizar el aborto en todas sus formas durante las primeras 12 semanas de gestación. 3. El amigo Palacino Cuando Eduardo Montealegre fue elegido como fiscal, uno de los mayores interrogantes era el futuro de las investigaciones de Saludcoop, intervenida en 2011, de la cual fue asesor jurídico. La Contraloría comprobó que la EPS, que era la más grande del país, desvió $1,4 billones del sistema de salud. Montealegre, amigo personal de su expresidente, Carlos Palacino, se declaró impedido como debía. En su administración, sin embargo, las indagaciones poco avanzaron. El máximo logro fue llamar a Palacino a interrogatorio. Es decir, ni siquiera hay una investigación formal contra él. 4. Caso Colmenares El expediente por la muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, empezó a enredarse justo cuando Montealegre llegó a la Fiscalía. Aunque el fiscal Antonio González ya estaba asignado como fiscal del caso, y de hecho por orden de Montealegre lo retiraron, el afán mediático nunca cesó. Antes de rectificar el camino, lleno de testigos que terminaron condenados por haber mentido, la Fiscalía ordenó investigar a una periodista de El Espectador y el expediente sigue en la impunidad, en parte por los errores de la administración actual. 5. Fiscal vs. contralora En 2013 y 2014, la pelea entre la contralora Sandra Morelli y Montealegre se convirtió en un choque de trenes. Mientras Morelli acusó a Montealegre de intervenir en la investigación de la Contraloría a Saludcoop, que ella calificó como el más grave caso de corrupción en la historia de Colombia, la Fiscalía le abrió un proceso penal a la contralora por la supuesta firma irregular de dos contratos por $76.000 millones para el arrendamiento de oficinas en el centro comercial Gran Estación II. Aunque Morelli abandonó el país en 2014 una vez terminada su gestión, alegando no tener garantías, regresó en 2015. Su juicio sigue en la Corte Suprema. 6. “Nacho” Londoño y la Fiscalía En la lista de clientes del abogado Ignacio Londoño, más conocido como “Nacho” Londoño, figuraban capos del cartel del norte del Valle como Orlando Henao o el “Hombre del overol”; Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, y Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”. Londoño, según declaró Comba, recibió US$2 millones junto con su socio, el abogado y militar retirado José Mira, para presentarle al Gobierno una propuesta de sometimiento de los “Comba”. Aunque eso no terminó en nada, Londoño sí tenía fijada la idea de alguna negociación para ese grupo del cartel del norte del Valle y entraba con mucha regularidad a la Fiscalía, especialmente a reunirse con la cabeza de la Dirección de Crimen Organizado, el fiscal Álvaro Sarmiento (removido de su cargo en noviembre pasado). La columnista María Isabel Rueda le reclamó a Montealegre que, a pesar de las múltiples declaraciones en su contra, Londoño nunca hubiera sido vinculado al expediente del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Fue asesinado en julio del año pasado en su pueblo, Cartago (Valle), en donde aspiraba a la Alcaldía. Apenas un par de semanas después del asesinato, Montealegre aseguró en entrevista con Juan Carlos Giraldo, de Noticias Caracol, que el crimen nada tenía que ver con el caso de Gómez Hurtado. Hasta la fecha, sin embargo, la Fiscalía tampoco ha resuelto quién sí tuvo qué ver. 7. Una denuncia que durmió seis años El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, investigado por supuestamente pedir un soborno para favorecer con una tutela a Fidupetrol, aseguró que en reuniones privadas Montealegre lo había presionado para que apoyara el Marco Jurídico para la Paz, especialmente la propuesta de no cárcel para los guerrilleros desmovilizados. Luego, la Fiscalía llamó a interrogatorio a la esposa de Pretelt, la procuradora Martha Ligia Patrón, por un caso de despojo de tierras en el Urabá. Las críticas a la Fiscalía señalaban que estas denuncias se habían hecho en 2009, pero apenas en 2015, cuando estalló el escándalo y Pretelt enfiló sus baterías contra Montealegre, trascendieron. 8. Cercanía con el magistrado Bustos A lo largo de estos cuatro años se ha elevado más de una vez el interrogante: ¿Ha influido Eduardo Montealegre en decisiones de la Corte Suprema de Justicia? Una pregunta así se entiende con un comentario que se volvió común entre los magistrados del tribunal: “Montealegre se la pasa más acá que en la Fiscalía”. Es amigo desde hace años de José Leonidas Bustos, quien fue presidente de la Corte el año pasado. Él, como Montealegre, ha sido políticamente activo frente al proceso de paz. En la Corte, esa postura cayó muy mal entre varios de sus integrantes. 9. ¿Hubo sobornos en la Fiscalía? Tras la muerte del abogado Ignacio Londoño, a la Fiscalía llegó un anónimo – revelado por este diario– que produjo un cambio súbito: el fiscal Álvaro Sarmiento dejó la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Según el anónimo, Sarmiento recibió US$500.000 por intermedio de José Ignacio Mira, alias “Gafas”, socio del asesinado Ignacio Londoño (que a la vez ha sido relacionado informalmente con el crimen de éste) que ha actuado en representación de los Rastrojos y los Comba. El fiscal cambió a Sarmiento de cargo sin hacer mucho ruido y las indagaciones por el soborno, se supone, continúan. 10. Álvaro Gómez Hurtado: un caso varado Terminó el periodo Montealegre y el magnicidio de Álvaro Gómez no se esclareció y avanzó más bien poco. La familia del político, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, criticó que la Fiscalía no quisiera declarar el delito como de lesa humanidad, aunque el organismo sí acogió una nueva tesis de la Corte Suprema con la que estableció que la prescripción de este caso no se daba a los 20 años del crimen (o sea, en 2015) sino en 2022. De cualquier manera, y a pesar de las diligencias que se realizaron, la justicia sigue hoy tan lejos de determinar quiénes planearon el asesinato y quiénes jalaron el gatillo contra Gómez Hurtado como lo estaba hace dos décadas. 11. Salvavidas para Germán Chica y J.J. Rendón A la par que se conoció la historia del “hacker” Andrés Sepúlveda, se conoció que Germán Chica y J.J. Rendón, hombres cercanos al presidente Santos que trabajaron en sus campañas, supuestamente habían oficiado como emisarios del Gobierno para mediar un proceso de sometimiento a la justicia de capos del narcotráfico como Javier Calle, alias Comba. Según una declaración que le dio “Comba” a la Fiscalía, fueron US$12 millones los que entregaron los narcotraficantes para adelantar las negociaciones. La Fiscalía abrió investigación contra Chica -quien ahora vive en Estados Unidos- y Rendón y al año fue archivada. 12. Alejandro Ramelli, de amigo a enemigo En febrero de 2014 renunció el fiscal Alejandro Ramelli, quien lideraba la recién creada Unidad de Análisis y Contexto, considerada por Montealegre como el mayor legado de su gestión. Año y medio después se vino a saber que Ramelli, entre otros, indicó que el trabajo de la firma de Natalia Springer no había aportado nada a las investigaciones de la Fiscalía. Montealegre salió lanza en ristre a asegurar que era un roce de egos. Incluso llegó a desacreditar profesionalmente a Ramelli, quien es doctor en derecho, especialista en derechos humanos y ha sido profesor de universidades colombianas y extranjeras. Ramelli, por su parte, sostuvo siempre su posición: sus diferencias eran de tipo laboral y técnico, nada más. 13. Los contratos de la firma Springer Springer von Schwarzenberg, empresa de la exanalista de la mesa de trabajo de La FM, Natalia Springer, ha recibido más de $4.200 millones en contratos directos durante la administración Montealegre. Fue contratada para, a través de modelos matemáticos y estadísticos, cooperar en las investigaciones contra las Farc, el Eln y las bacrim. Los resultados de su trabajo, sin embargo, siguen sin conocerse. Hasta ahora, medios como El Espectador han conseguido informes parciales que, incluso a la luz de académicos reconocidos, no parecen aportar ningún valor agregado. Asimismo, lo señalaron los supervisores del primer contrato en la Fiscalía. El fiscal Montealegre, sin embargo, ha defendido a Natalia Springer y ha asegurado que el trabajo se conocerá cuando empiecen las imputaciones contra las Farc, lo que, por ahora, parece que no va a ocurrir en tiempos cercanos. 14. Adiós, ministro En 2014, dos grupos debatían cuál era la reforma que necesitaba la justicia. En uno estaban el fiscal Montealegre y magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el otro, el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, de la mano de una comisión que creó para asesorarse en políticas públicas. Por esa época el fiscal lanzaba comentarios como: “El ministro de Justicia se ha convertido en un obstáculo gigantesco para los avances de la justicia penal en Colombia”. Al final, el pulso lo ganó el fiscal: Gómez Méndez fue reemplazado por Yesid Reyes. 15. “Lobby” en el Congreso La primera alerta por el supuesto “lobby” de Montealegre en el Congreso fue el nombramiento de Juan Pablo Duque como secretario de la Comisión de Acusación, después de haber sido enlace de la Fiscalía ante el Congreso. La segunda alarma se prendió cuando se discutía la reforma al equilibrio de poderes, pues varios congresistas, entre ellos Luis Fernando Velasco, indicaron que la fiscal Olga Claros –el nuevo enlace ante el Congreso– intentaba boicotear el proyecto y, supuestamente, buscaba más beneficios para la figura del fiscal general. Velasco denunció públicamente este hecho y días después fue señalado por la Fiscalía de haber ido a pedir contratos para personas cercanas. 16. Elección de la magistrada Ortiz Gloria Ortiz es una abogada brillante, como lo reconocen el equipo que la acompaña en su despacho y sus colegas de la Corte Constitucional. Entre sus ponencias más reconocidas está, por ejemplo, la que prohibió la minería en zona de páramos. Fue elegida en mayo de 2014 por el Senado con 64 votos, en contraste con los doce y seis que consiguieron Jorge Quiroz y John Posada, respectivamente. Los tres conformaban una terna elegida por la Corte Suprema. El respaldo de la Unidad Nacional estaba cantado. A pesar de sus capacidades, la magistrada sigue bajo la sombra de que el fiscal Montealegre, de quien era asesora cuando fue ternada, la ayudó a hacer “lobby” ante el Congreso para ser elegida. Está en ella demostrar su autonomía. 17. Entierro de un proyecto bandera Con bombos y platillos el fiscal Montealegre anunció en 2014 la apertura de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ). En ese entonces dijo que sería la gran apuesta para capacitar a los funcionarios de la Fiscalía. Sin embargo, en noviembre de 2015, el proyecto recibió cristiana sepultura. La propia Fiscalía allanó la institución por un proceso desupuesto plagio. Luego el rector de la entidad, César Solanilla, denunció que el fiscal general presionaba para que dos recomendados suyos fueran contratados. Lo que se dijo al final es que para la CIJ, en la que se invirtieron más de $3.000 millones, no había más presupuesto. 18. Proceso de paz: apoyo y torpedeo Desde que se instaló la mesa de diálogos con las Farc en 2012, uno de sus principales defensores ha sido el fiscal Montealegre, al punto en que ha sido criticado por manifestarse políticamente tal vez más de lo que se espera para su cargo. Por eso, para muchos, fue tan sorpresivo su anuncio del 6 de noviembre de 2015, cuando se conmemoraban los 30 años del holocausto del Palacio de Justicia: indicó que revisaría los indultos otorgados al M-19 luego de firmar el acuerdo de paz en 1989. Aseguró que examinaría los alcances de esos indultos para saber si abarcaban crímenes de lesa humanidad. Eso tensionó el clima en La Habana, donde, un mes después, se especificó que se crearía una sala en la Justicia Especial para la Paz para que decisiones posteriores no perjudiquen las determinaciones sobre las Farc. 19. Agarrones con la prensa El fiscal Montealegre ha tenido fuertes disputas con reconocidas periodistas. María Jimena Duzán, columnista de la revista “Semana”, criticó, por ejemplo, que él le hubiera dado un contrato de casi $200 millones a la exmagistrada Susana Buitrago justo al salir del Consejo de Estado, en donde ella apoyó que Montealegre se quedara cuatro años en la Fiscalía (la duración de su periodo había sido demandada),. Con Vicky Dávila también peleó cuando ella empezó a criticar los contratos de Natalia Springer, quien estuvo en su mesa de trabajo varios años. A María Isabel Rueda, la Fiscalía la llamó a rendir declaración –y a otras 27 personas– por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: Rueda había cuestionado que la Fiscalía no hubiera vinculado al abogado Ignacio Londoño (asesinado en julio de 2015) en ese expediente. Ella dijo que la Fiscalía, con esa citación, la “amedrentaba”; el organismo, en un comunicado público, negó que así fuera. 20.¿Persecución política? Una de las principales críticas al fiscal general Eduardo Montealegre fue su supuesta persecución política al uribismo. Senadores del Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, aseguraron que el fiscal y el presidente Santos instrumentalizaron la justicia para acabar con la oposición al proceso de paz. En la era Montealegre se lograron condenas por casos ocurridos en el gobierno Uribe: las “chuzadas” del DAS, la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro. Además, se imputaron cargos por el caso Job. Pero la gota que rebosó el vaso para los uribistas fue el arresto de Santiago Uribe por sus supuestos nexos con el grupo paramilitar los 12 Apóstoles y el supuesto complot para vincular a los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo Uribe, con el “zar de la chatarra”. Montealegre fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para entregar pruebas de por qué no hay tal persecución. El tema , sin embargo, ha generado unos altos costos políticos.
