El exmilitar Francisco Luis Correa, testigo clave en la causa por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, fue encontrado muerto en la madrugada de este viernes en su celda de la penitenciaría La Picota, en el sur de Bogotá.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de la cárcel, ha confirmado a este periódico que fue asesinado y ha informado en un comunicado que ha identificado a otro de los presos como el supuesto agresor.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha confirmado la muerte, pero ha evitado dar mayores detalles.
“Respetuosos de la investigación, esperaremos lo que surja de la misma para ser rigurosos en la determinación de las causas y de los hechos que sucedieron”, ha señalado en su propio comunicado.
Correa había sido acusado de los delitos de homicidio, fabricación y porte de armas de fuego por el asesinato del fiscal anticorrupción paraguayo, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de la península de Barú, en la zona rural de Cartagena.
El penalista Francisco Bernate, representante jurídico de la familia Pecci en Colombia, ha comentado en un video que difundió a la prensa local que Correa había aportado información importante para esclarecer el crimen, como parte de una negociación judicial en la que también había aceptado los cargos en su contra.
“Su colaboración con la justicia estaba prácticamente terminada y el 19 de enero iba a recibir una sentencia definitiva. Se le iba a perdonar el delito de homicidio y quedaba solo condenado por el porte de armas”, ha declarado.
Bernate ha cuestionado el reciente traslado de Correa desde una dependencia de alta seguridad de la Fiscalía a La Picota, una prisión en el sur de la capital con 6.181 cupos y un hacinamiento notorio, al tener 7.321 reclusos según cifras del Inpec al día de hoy.
“Habíamos advertido a las autoridades el peligro de afirmaciones que se hicieron en redes sociales respecto de esta persona y no se tomó ninguna precaución”, ha remarcado el abogado en el video.
Después, en declaraciones a la radio paraguaya Abc Cardinal, ha señalado que otros implicados en el crimen habían realizado comentarios intimidatorios contra Correa y que le habían puesto “una lápida en la cabeza”.
Algo similar ha señalado Cecilia Pérez, abogada en Paraguay de la viuda del fiscal, en declaraciones que recoge el periódico Abc Color: “Es una venganza y un mensaje para el futuro, más que una quema de archivo. El objetivo es frustrar declaraciones futuras (de otros implicados)”.
Maricel Albertini, la madre del fiscal asesinado, también ha pedido explicaciones por el traslado de Correa a la prisión.
“Si era una persona clave en todo esto, ¿cómo es que la Fiscalía colombiana no cuidó ciertos detalles?”, ha comentado en W Radio. Las autoridades colombianas han mantenido la cautela. La Fiscalía no ha respondido a las consultas de este periódico ante las declaraciones de Bernate. El Inpec, en tanto, ha señalado que la investigación aún debe esclarecer los hechos.
Mientras tanto, ha trascendido una segunda versión en medios de comunicación. El periodista Julio Sánchez Cristo ha señalado en su programa de W Radio, durante la entrevista con la madre de Pecci, que sus fuentes le comentaron de “una riña de tragos” entre compañeros de patio.
“El agresor incluso realizó manifestaciones espontáneas atribuyéndose la responsabilidad”, ha apuntado. La Fiscalía investiga si Correa “venía haciéndole matoneo a su agresor” desde hace tiempo y si esto ocasionó una reacción violenta.
El caso Pecci
El asesinato de Marcelo Pecci conmocionó a Colombia y a Paraguay. El abogado era el fiscal especializado contra el crimen organizado del país del Cono Sur. Tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de un país que es utilizado por capos del crimen organizado de los vecinos Brasil y Argentina. Se encontraba de luna de miel en las playas paradisíacas del Caribe cuando unos sicarios llegaron en una moto de agua y lo acribillaron a balazos.
Correa, a diferencia de otros acusados, aceptó su responsabilidad de haber coordinado el asesinato, como intermediario entre los narcotraficantes que orquestaron el crimen y los sicarios que lo ejecutaron, y señaló a otros implicados.
En mayo de 2023, Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato; fueron ellos quienes contrataron a Correa. Las investigaciones habían encontrado que utilizaron al menos a otras siete personas para llevar a cabo el crimen: les proveyeron insumos y se reunieron con los sicarios.
En febrero de 2024, un juzgado de Cartagena condenó a la esposa de Andrés, Margareth Chacón, por también colaborar en la logística necesaria.
