El reciente operativo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional en Popayán que culminó con la captura de un sujeto con un revólver calibre 38 es, en esencia, un éxito en la lucha diaria contra la inseguridad urbana. Sin embargo, el desarrollo de este procedimiento en el barrio Alfonso López nos arroja una luz preocupante sobre un problema social y legal que no podemos ignorar: la asonada y la obstrucción a la justicia.
El hecho comenzó de manera ejemplar: una actitud evasiva alertó a los uniformados, quienes procedieron al registro y encontraron un arma de fuego lista para ser usada, cargada con cinco cartuchos. La incautación de este revólver es un acto preventivo vital. Cada arma que sale de las calles es un potencial homicidio, robo o extorsión que se frustra. El mérito de la Policía es innegable en este punto.
No obstante, la culminación del operativo se vio empañada por la intervención violenta de la comunidad. Una turba intentó impedir la detención, desencadenando una asonada que no solo obstaculizó el trabajo policial, sino que resultó en daños a las motocicletas institucionales.
Este comportamiento es inaceptable y peligrosísimo. Al defender o intentar liberar a un individuo sorprendido con un arma ilegal, la comunidad está, paradójicamente, poniendo en riesgo su propia seguridad. La asonada no es un acto de justicia social, sino un delito (artículo 469 del Código Penal) que protege a presuntos criminales y atenta directamente contra el principio de autoridad que busca proteger a la ciudadanía.
Las palabras del coronel Germán Manrique, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, son contundentes: “Pese a ello, el personal policial mantuvo el control de la situación y garantizó la integridad del capturado”. Esta firmeza es crucial. La Policía tiene el deber de actuar bajo la ley, incluso cuando se enfrenta a una turba.
Popayán, como muchas ciudades, libra una dura batalla contra el crimen. Es imperativo que la ciudadanía comprenda que su papel no es el de juez o protector de la ilegalidad. La seguridad se construye con la confianza en la autoridad y la denuncia. Intentar frustrar una captura es un acto que condena a la propia comunidad a seguir conviviendo con la violencia armada. La ley debe aplicarse con rigor contra quienes portan armas ilegalmente, y con la misma contundencia contra quienes, mediante la asonada, se convierten en cómplices de la impunidad.
