Durante un poco más de una hora, entre las 9 y 10:15 de la mañana de este jueves, la Corte Internacional de Justicia leyó la primera decisión en la que se declaró competente para resolver una de las demandas de Nicaragua sobre Colombia.
El juez Ronny Abraham señaló que la votación final fue de 14 votos a dos en la demanda que argumenta que Colombia desacató el fallo del 2012. En la diligencia leyó los argumentos con los que el tribunal desestimó cuatro de las cinco objeciones que Colombia había planteado y con las que buscaba que el tribunal se declarara sin competencia en ese caso.
Ahora, continúa la audiencia en la que la Corte define si se declara competente en la demanda en la que Nicaragua tiene pretensiones sobre la plataforma continental.
Sobre la primera decisión, la Corte de La Haya negó el argumento de Colombia de que por haber renunciado al Pacto de Bogotá en 2014, se encontrara por fuera de la jurisdicción de ese tribunal. El juez dijo que el retiro no tiene un efecto retroactivo ni “efecto en nuestra jurisdicción”.
Colombia alegaba que la Corte no podía conocer de acciones en su contra formuladas después del 27 de noviembre de 2012.
La segunda excepción que la Corte negó tiene que ver con que no tenga competencia para conocer de la demanda de Nicaragua en relación con la plataforma continental extendida.
La tercera negación a se refiere a que la Corte no admite que con su fallo de 2012 resolvió todas las diferencias limítrofes entre los dos países.
Sobre el cuarto argumento de Colombia, en el sentido de que el recurso de Nicaragua era una apelación y que como tal no podía abordarlo porque los estatutos de la corte no contemplan este derecho, el tribunal no se pronunció.
Finalmente, rechazó el quinto argumento, en el que el país señalaba que Nicaragua requería, antes de elevar el recurso, la recomendación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que nació en la Convención de Naciones Unidad sobre el Derecho al Mar. Colombia decía que Nicaragua no la tenía y que por eso, no procedía la pretensión.
Sin embargo, la Corte señaló que no era necesaria dicha recomendación.
El país centroamericano tiene dos objetivos contra Colombia ahora: por un lado quiere que se le reconozcan derechos sobre una plataforma continental extendida más allá de 200 millas de sus costas, aspiración que comprometería aguas colombianas. En segundo lugar, el gobierno de Daniel Ortega busca que La Haya exija a Colombia cumplir la sentencia de noviembre del 2012, mediante la cual se le otorgaron derechos sobre aguas del Caribe, cerca de San Andrés.
En el segundo caso, Nicaragua arguye que Colombia ha violado sus derechos en el mar Caribe y ha amenazado con el uso de la fuerza.
La plataforma continental extendida debe entenderse como la superficie submarina. Los nicaragüenses consideran que desde sus costas se extiende una plataforma continental que, por sus características, les da derechos sobre el lecho marino más allá de las 200 millas que le corresponden.
Y sobre el fallo del 2012, Nicaragua le pide a la Corte que obligue a Colombia a acatar el fallo que le entregó derechos sobre aguas cercanas a San Andrés.
Colombia ha dicho que acata pero que no aplica el fallo. Entre otras razones, porque la aplicación demandaría acciones como modificar normas internas colombianas sobre límites.
Una forma para aplicar el fallo del 2012 sería suscribir un tratado con Nicaragua, el cual Colombia propuso inicialmente, pero como ese país escogió el camino de la demanda ante la Corte, el interés por ese acuerdo perdió fuerza.
La nueva situación con el país centroamericano, objeto de estudio en esta Corte, se remonta a las demandas que esa nación hizo a finales del 2013, después de que Colombia se había retirado de la jurisdicción de este tribunal tras la denuncia del Pacto de Bogotá.
Aunque Colombia alega que La Haya no puede abordar el examen de las pretensiones nicaragüenses, entre otras razones porque considera que ya no obedece a esa jurisdicción, aceptó ir a esta discusión ante el temor de que la Corte continuara el estudio de esos temas de fondo, sin la posibilidad de plantear algún tipo de controversia.
Al denunciar el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre del 2012, Colombia estima que quedó inmediatamente por fuera de la jurisdicción de La Haya y así se lo ha dicho al tribunal.
Algunos críticos del gobierno del presidente Santos han cuestionado que Colombia haya ido a La Haya a controvertir con Nicaragua en este caso.
La Cancillería colombiana ha explicado que concurrió porque la Corte hubiera podido continuar con el proceso en su ausencia, ya que los estatutos del tribunal establecen que cuando una de las partes no comparece, la otra parte podría pedir que se decida a su favor.
