Las políticas de seguridad social en la historia han consistido en la búsqueda de un ideal protector con unos principios básicos pero a la vez complejos: Universalidad (protección a todos), igualdad (protección sin distingos de ninguna clase) y solidaridad financiera.
Desde los Collegia romanos o las Guildas germánicas hasta Bismarck en Rusia que origina el primer sistema moderno de seguridad social en el mundo, se ha buscado proteger a la población en la salud, los accidentes de trabajo y en la invalidez y la vejez.
Colombia no ha sido ajeno a esto y ya en 1819 en el Congreso de Angostura el General Simón Bolívar habló de la protección a las viudas del ejército libertador, en las décadas siguientes se desarrollan programas sin planificación ni coordinación, es hasta 1946 con la Ley 90 que se gesta el primer régimen de seguros sociales siendo este el más importante del siglo XX pero solo hasta la Constitución de 1991 la seguridad social se consagra como un derecho de rango constitucional siendo un servicio público de carácter obligatorio con principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (C.P., art. 48).
En 1990 el informe Chenery encuentra un sistema deficiente en pensiones, fragmentado, en cabeza del ICSS, las cajas de compensación familiar y los entes territoriales y establece unas recomendaciones que posteriormente se consolidan en la Ley 100 de 1993 en el régimen general de pensiones (Arts 10 a 151) que fundamenta un sistema con dos pilares: Uno público con el régimen de prima media (RPM), en cabeza del Estado (Colpensiones) y el pilar privado con el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) manejado por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), con el riesgo en cabeza del afiliado, estas deben garantizar una rentabilidad mínima para el ahorro que queda en una cuenta individual hasta sumar el capital suficiente para tener una prestación económica en el futuro.
La afiliación a cualquiera de los regímenes es voluntaria y compiten entre sí, la edad de pensión hoy es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, donde el trabajador aporta el 25% y empleador el 75%, con una tasa de cotización del 16% del salario.
En el RPM se debe cotizar mínimo durante 1300 semanas y el monto de la pensión es el promedio del salario de los últimos 10 años y en el RAIS se requiere un tiempo de 1150 semanas pero debe tener un capital mínimo, pudiendo pensionarse de manera anticipada.
Además se pueden hacer contribuciones voluntarias o aportar bonos pensiónales para mejorar el monto de la misma, con tasa de reembolso del 65 al 85% de lo ahorrado.
En el mercado laboral afiliados al sistema pensional hay unos 22 millones de personas de los cuales un poco más de 14 están en los fondos privados y unos 8 millones en Colpensiones pero sólo la mitad son cotizantes activos, a estos se suman los del programa de subsidio de Colombia Mayor que son 1,5 millones y en beneficios económicos periódicos (BEPS) hay 1 millón, estos últimos son los adultos mayores que no reciben un salario formal y que ahorran un mínimo y el Estado les aporta un 20% adicional, actualmente solo hay 1,3 millones de pensionados públicos y aproximadamente unos 100.000 en los fondos privados, ante este panorama la realidad es que solo el 24% de los colombianos se va a pensionar.
El sistema se concibió para que garantizara equidad, aumento de cobertura y sostenibilidad financiera pero ninguno de estas condiciones se cumplió llevando al traste con las políticas públicas en materia de seguridad social en pensiones; las altas tasas de informalidad superiores al 70%, las malas decisiones de los gobiernos en materia laboral, la problemática social existente, los cambios demográficos de nuestra población con más de cinco millones de mayores de 65 años que serán 13 millones en el 2040 y sumado a que los grandes subsidios del Estado están dirigidos a quienes reciben las mayores pensiones, nos ponen ante un panorama cierto e inminente de bomba fiscal y social, sin que el gobierno actual haya estado dispuesto a asumir decisiones de fondo, además de las grandes dificultades que atraviesan las regiones con sus fondos territoriales de pensiones.
Actualmente el pago de las pensiones públicas representan más del 17% del presupuesto nacional, de cada $100 que pagamos en impuestos unos $27 se van a solventar el régimen pensional, destinándose más recursos que a la salud y educación y con solo un poco más de un millón de pensionados, significando esto que de no tomarse decisiones inmediatas por parte del próximo gobierno estaríamos expuestos a casos como el de Grecia en Europa o Nicaragua en Latinoamérica.
Entidades como ANIF, Fasecolda y Fedesarrollo advierten la gravedad de la realidad y proponen elevar la edad de pensión, aumentar la tasa de cotización al 18%, que los regímenes no sean competencia sino que sean complementarios, gravámenes a las pensiones altas, bajar aún más el techo máximo de estas y el marchitamiento de Colpensiones; todas iniciativas revisables pero que generan alto rechazo en la población.
Esta es la papa caliente más complicada que debe asumir el próximo presidente pero que es ineludible en un país de grandes desigualdades y donde nadie quiere perder los derechos adquiridos, sobretodo los que mayor capacidad de pago tienen, hay que repensar el modelo de pensiones en Colombia.
Fuentes: Derecho a la seguridad social en pensiones. Defensoría del Pueblo / Transformación del sistema pensional colombiano. Trabajo de Maestría, Hólger Díaz / La pensión, una vieja ilusión. Jorge Sáenz, El Espectador.
Por: Hólger Horacio Díaz Hernández
