El uso de un agente encubierto y de dinero incautado en otras operaciones abrió un debate sobre la captura de Bermeo, su esposa y el exsenador Gil, quienes a la salida de una de las audiencias preliminares se declararon inocentes y aseguraron sentirse víctima de un complot en su contra.
Eso después de que la Fiscalía reveló nuevos videos que corresponden a las cámaras de seguridad de los dos hoteles donde se hizo la entrega de dinero y posterior captura de los indiciados, y con los cuales se intenta probar una presunta intencionalidad criminal de recibir dinero a cambio de torcer decisiones judiciales, particularmente, la eventual extradición del exguerrillero Santrich.
En uno de los videos se observa al senador Luis Alberto Gil conversando con un agente infiltrado. Luego llega el fiscal Carlos Bermeo y a las 12:30 p.m. recibe los 40 mil dólares, que guarda en su chaqueta.
Ocho minutos después, Bermeo se levanta de la silla y va a buscar a su esposa, Ana Cristina Solarte, que está en otro lugar del hotel. Se dirigen a un baño donde el fiscal le entrega los 40 mil dólares que presuntamente serían para gastos varios.
A las 12:49 p.m. agentes del CTI los requisan, graban el dinero que está en la mochila de la mujer y proceden a la captura.
Operación simultanea
A esa misma hora, en otro hotel de Bogotá, Orlando Villamizar y Yamid Prieto, conductor del exsenador Gil recibían una maleta que tendría 500 mil dólares de manos de una mujer llamada Mafe, que, según la Fiscalía, era “de la Policía Judicial, que tenía como misión única y exclusivamente tener la custodia del dinero durante la entrega controlada y cubrir la seguridad del procedimiento”.
El negocio se habría hecho en una habitación del hotel donde Villamizar, cercano al excongresista, contaba el dinero que sería producto del soborno.
“En su momento se darán cuenta ustedes mismos de lo que ha pasado”, dijo el fiscal Bermeo antes de ingresar a la audiencia, y dijo que todo fue una trampa.
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Por su parte, el exsenador Gil sostuvo que estaba en esa reunión porque el agente de la DEA le dijo que “quería hablar con alguien de la JEP”.
“Yo estuve en una reunión con el señor fiscal y un agente de la DEA, no vi los dólares, ni los pedí, ni los recibí, ni los conté”, agregó. “Mi único delito es delito de escucha”, recalcó.
¿Montaje?
El operativo en el que se dieron estas cinco capturas abrió el debate sobre la legalidad de los procedimientos.
“Ya saben que eso es un montaje”, dijo Gabriel Porras, abogado de Gil, sobre el caso de la JEP, al considerar que la Fiscalía cruzó la línea del recaudo de pruebas a la provocación de un delito.
Pero la ley 906 del 2004 avala la figura del agente encubierto en Colombia, y el uso por ejemplo de dineros ilícitos para operaciones encubiertas está previsto en un parágrafo de la ley 1908 del 2018, que plantea que el fiscal general puede autorizar su utilización.
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez, precisó además que “aquí no se está estimulando la comisión de un delito, sino que se están creando las condiciones para probar el delito que ha estado en la mente de otro y en relación con el cual ha comenzado lo que se llaman los actos de ejecución”.
Y algunos señalan que el ente judicial debe tener en su poder otras evidencias, además de los videos que reveló.
“Esa no es la única prueba que tiene la Fiscalía, inclusive, si uno llegara a decir que se trata de un agente provocador muy seguramente la Fiscalía tiene otras evidencias muy importantes”, estimó Camilo Burbano, abogado penalista.
