Mientras en Italia – una nación que ha sufrido la muerte de veintisiete mil (27.000) personas como consecuencia de la pandemia del Covid-19 – se dispone la reapertura de centros religiosos como la Basílica de San Pedro en Roma y de los restaurantes que frecuentan cada semana millares de peregrinos, en Colombia con poco más de seiscientos (600) muertos por la misma causa y con ochocientos (800) municipios libres de coronavirus, se prolongan las medidas de aislamiento, disfrazadas con eufemismos retóricos, causando un daño económico irreparable.
No se trata de poner a producir billetes en los talleres litográficos del Banco de la República, para quedar arruinados como en Venezuela, sino de pensar que las medidas sanitarias no pueden poner en riesgo el futuro de la nación, en términos de reventar brutalmente la economía, prolongando una situación alarmante, que ha tenido enorme incidencia en la proliferación de enfermedades mentales y de casos de suicidio en Colombia, sobre lo cual las autoridades nacionales encargadas de la salud pública guardan complaciente silencio.
El señor Presidente Iván Duque, haciendo uso de las facultades excepcionales que fija la declaratoria de ‘conmoción interior’, aplica una economía de guerra que está dejando en la ruina a los sectores productivos más importantes como el turismo, el transporte aéreo y terrestre, la misma industria de la construcción,– que ahora no tiene compradores porque las finanzas de los particulares están exhaustas –, disponiendo medidas económicas que en materia de rebaja de intereses bancarios no se están cumpliendo, es jugar con el futuro del país.
Las empresas productivas no tienen recursos de caja, ni han podido pagar impuestos este año, porque llevamos a cuestas los efectos de tres reformas tributarias, dos de ellas promulgadas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y una más, con la llamada ‘Ley de Financiamiento del Estado’, que se convirtieron en la peor guillotina contra el sector empresarial alto, mediano y bajo del país.
El presidente Duque, buscando la complacencia del Congreso de la República, no quiso tocar a fondo los sueldos de los parlamentarios, de los magistrados de las altas cortes, de los miembros del cuerpo diplomático, de los altos oficiales de la fuerza pública, de los procuradores delegados, de los ministros y en general, de cuatro mil quinientos (4.500) funcionarios de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, que tienen sueldo de parlamentarios. Contrario a lo dispuesto en México el año pasado por el presidente Andrés Felipe López Obrador, que desde el comienzo de su periodo constitucional redujo su propio sueldo y los sueldos de los altos cargos en un cincuenta por ciento (50%), en Colombia se prolongan irritantes privilegios de congresistas, ministros y magistrados, que tienen a su disposición quince mil vehículos oficiales, la mayoría de ellos automóviles blindados, con escoltas de la Agencia Nacional de Protección, que devoran las rentas de la nación.
Puede ser primordial para el país proteger la salud de todos los colombianos, pero tampoco puede destruir el patrimonio de una nación para detener el avance de una enfermedad que tarde o temprano puede comprometer al ochenta por (80%) de la población mundial. ¿De cual futuro nos puede hablar el señor presidente de la República si dejamos reventar la economía?
