En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su estrategia investigativa para combatir la corrupción en la administración pública, en conjunto con la Dijín logró la captura de un alto funcionario de la Procuraduría General de la Nación por incurrir presuntamente en el delito de concusión.
Esta conducta punible está consagrada en el Código Penal Colombiano en el Artículo 404 y es definida como el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad.
El mismo artículo reza que quien incurra en esta conducta incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a144 meses.
Esta precisamente es la serie de sanciones a las que se enfrenta ahora el exfuncionario de la procuraduría, identificado como Jesús Alejandro Garzón, y quien se desempeñó en el cargo hasta el pasado viernes 15 de enero, ejerciendo como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo.
“Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos servidores de esa entidad, que al parecer actuaban de manera ilícita en el despacho del ex procurador general Fernando Carrillo”, informó un portavoz de la Fiscalía.
Senador Aguilar
fue el denunciante
De acuerdo con lo que informó horas más tarde el senador santandereano Richard Aguilar Villa (Cambio Radical), la denuncia penal la instauró en diciembre del año 2019 su equipo jurídico luego de que el senado hubiese sido objeto de presiones económicas, en el marco de una investigación disciplinaria que cursa en su contra en la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia fue investigada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Dirección de Investigación Judicial (Dijin) y la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en 2019.
De acuerdo con la información que se hizo pública ayer, hacia el mes de diciembre de 2019, el sustanciador en ejercicio de su función y a través de dos personas, exigió 300 millones de pesos al senador Aguilar, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que en primera instancia fue sancionado, por hechos relacionados con un contrato, cuando ejerció como gobernador de Santander.
Este fue el proceso por El que se pidió dinero
El fallo sancionatorio que el funcionario Jesús Alejandro Garzón prometía cambiar tiene que ver con una investigación adelantada por el ente de control que concluyó con la determinación de hallar disciplinariamente responsable al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por irregularidades en un proceso licitatorio adelantado por su administración departamental en 2012, para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes instalaciones de la Gobernación.
En su momento, Aguilar fue sancionado con una inhabilitad de 8 meses para ejercer cargos públicos, y el pago de una multa cercana a los 40 millones de pesos.
El contrato fue adjudicado a la firma Vigilancia Santafereña y Cia Lmta y lo que reprochó la Procuraduría es que en el proceso licitatorio no se haya convenido una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes, para competir por el contrato, es decir, “se incluyeron restricciones restrictivas no objetivas y justas que impidieron la libre concurrencia de oferentes”.
En la decisión de ese entonces, el Ministerio Publicó también sancionó e inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos a Jairo Jaimes Yañez, en su condición de secretario general de la Gobernación.
En su momento, según la Procuraduría, Jaimes Yañez fue el encargado de liderar la licitación y posterior adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad de la administración departamental para la época de los hechos.
Hubo más extorsionados
Hoy, meses después, la Fiscalía determinó que el funcionario corrupto de la procuraduría vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría en favor de quien accediera a pagar por cambiar los fallos.
Por esta razón, la Fiscalía también investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada quien sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.
Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario Jesús Alejandro Garzón estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora.
Además del senador Richard Aguilar, Aída Merlano y Jesús Santrich también habrían recibido ofrecimientos del funcionario de la Procuraduría capturado por vender fallos judiciales
